El Estado cumplió los objetivos de consolidación fiscal hasta abril y redujo a la mitad el déficit, hasta el 0,22 por ciento del PIB, un buen comportamiento que no están siguiendo las CCAA, al haber gastado en conjunto casi 5.000 millones más de lo que han ingresado en un trimestre. Por este motivo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, advirtió en rueda de prensa a las autonomías que no han cumplido el objetivo de déficit, la mitad de ellas, de que la meta es "irrenunciable", por lo que deberán acelerar los planes de reequilibrio.
Aragón, La Rioja y Galicia fueron las tres únicas comunidades que presentaron superávit en sus cuentas durante los tres primeros meses del año, con un 0,19, 0,18 y 0,14 por ciento, respectivamente.
El objetivo es cerrar el año con un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 6 por ciento del PIB, del que al Estado le corresponde un 4,8 por ciento, a las comunidades autónomas un 1,3 por ciento y a las corporaciones locales un 0,3 por ciento, en tanto que la Seguridad Social tendrá un superávit del 0,4 por ciento. Los datos presentados ayer se referían en el caso del Estado al primer cuatrimestre de 2011, y en el de las comunidades autónomas sólo a los tres primeros meses.
Así, la administración central registró hasta abril un déficit de 2.450 millones de euros, el 53 por ciento inferior al del mismo periodo del año anterior, un balance consecuencia de unos ingresos no financieros de 44.963 millones y unos gastos de 47.413 millones.
En relación con los ingresos no financieros del conjunto de las Administraciones Públicas, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales, los ingresos ascendieron a 68.252 millones de euros, un 4,3 por ciento más que en 2010. La mayoría de los ingresos se consiguieron vía impuestos, el 92 por ciento del total, y alcanzaron los 62.995 millones de euros, con un crecimiento del 4 por ciento. Dentro de ellos, los impuestos directos recaudaron 33.006 millones de euros, con un crecimiento del 0,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2010.
Peor evolución que el año pasado tuvieron el Impuesto de Sociedades, que aportó a las arcas del Estado 3.636 millones de euros, el 14,6 por ciento menos, y los impuestos especiales, que generaron 300 millones menos, es decir 6.116 millones de euros, debido a la bajada del tabaco y los hidrocarburos. En términos de caja -que computa los ingresos y pagos cuando se efectúan y no cuando se comprometen, como hace la contabilidad nacional-, el Estado registró hasta abril un déficit de 6.143 millones, algo menos de la mitad que los 12.393 millones del mismo periodo de 2010.
Todos estos datos para Salgado demuestran que la "ligera" recuperación económica y las medidas de consolidación fiscal están surtiendo efecto, por lo que el proceso de consolidación fiscal "está perfectamente encauzado".
En el caso de las regiones, Salgado recalcó la "gran variabilidad entre las comunidades autónomas".
En conjunto, hasta el pasado mes de marzo, los ingresos no financieros disminuyeron un 2,23 por ciento, mientras que los gastos no financieros aumentaron un 5,44, dando como resultado un déficit presupuestario equivalente al 0,46 por ciento del PIB (4.995 millones de euros).
La ministra puntualizó que los datos "reflejan una evolución del gasto superior a la que debería producirse en el año 2011 y un desequilibrio del gasto presupuestario superior al que cabría esperar".
A su juicio, existen autonomías que están reconduciendo desequilibrios de años anteriores y haciendo un gran esfuerzo, mientras que otras presentan datos que no son tan positivos.
Reiteró que el objetivo de déficit es un "compromiso irrenunciable", por lo que ha recordado que el Gobierno seguirá realizando un estricto control sobre las desviaciones que pudieran estar produciéndose para garantizar que las comunidades tengan al final del año un déficit del 1,3 por ciento del PIB.
La Generalitat de Cataluña presentó hoy un Presupuesto para el año 2011 con un déficit de 2,66 por ciento del PIB, lejos del objetivo marcado por el Gobierno central. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Elena Salgado, compareció ayer en rueda de prensa para informar sobre los datos de ejecución presupuestaria de las CCAA durante el primer trimestre del año.
Salgado explicó que en conjunto, hasta el pasado mes de marzo, los ingresos no financieros disminuyeron un 2,23 por ciento, mientras que los gastos no financieros aumentaron un 5,44 por ciento, dando como resultado un déficit presupuestario equivalente al 0,46 por ciento del PIB.
Puntualizó que los datos "reflejan una evolución del gasto superior a la que debería producirse en el año 2011 y un desequilibrio del gasto presupuestario superior al que cabría esperar". A su juicio, existen autonomías que están reconduciendo desequilibrios de años anteriores y haciendo un gran esfuerzo, mientras que otras presentan datos que no son tan positivos.
En este sentido, precisó que el objetivo de déficit es un "compromiso irrenunciable", por lo que recordó que el Gobierno seguirá realizando un estricto control sobre las desviaciones que pudieran estar produciéndose para garantizar que las comunidades tengan al final del año un déficit del 1,3 por ciento del PIB, al que el Gobierno se ha comprometido.
Precisamente señaló que "es perfectamente posible" que se cumpla el objetivo del 1,3 por ciento a finales de año, aunque algunas comunidades deberán "hacer esfuerzos de moderación" para cumplir planes de reequilibrio que ya se han presentado.
Sobre las auditorías que prevé hacer el PP en las comunidades que va a gobernar, Salgado dijo que el Ejecutivo está "absolutamente de acuerdo" con esta medida, pero emplazó a los populares a que lo haga en todas las autonomías, también en las que actualmente gobierna.
Preguntada por la presentación por parte de la Generalitat de Cataluña de un Presupuesto para el año 2011 con un déficit de 2,66 por ciento del PIB, explicó que el Estado no tiene competencias sobre las presupuestos que aprueban los parlamentos autonómicos.
Sobre la sugerencia del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, para que las comunidades fijen una regla de límite del gasto, Salgado precisó que esta iniciativa partió del Gobierno, ya que el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, lo anunció en sede parlamentaria.