CCOO consideró ayer que la reforma de la negociación colectiva aprobada por el Ejecutivo está totalmente escorada hacia las tesis de la patronal, lo que es "la expresión última de la insolvencia de un Gobierno, que debería plantearse si está en condiciones de agotar la legislatura".
El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, calificó de "inaceptable" el real decreto ley, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, para reformar la negociación colectiva, ya que "tiene un sesgo hacia las tesis empresariales" que se ha dado en apenas 24 horas.
El mismo calificativo de "inaceptable" le mereció el real decreto con el reglamento sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que tiene "la misma peculiaridad" de favorecer las reclamaciones empresariales.
"Después de lo que han hecho, ¿qué confianza se puede tener en el Gobierno?" se preguntó Lezcano, que advirtió que las medidas adoptadas profundizarán más la crisis que atraviesa España, en vez de ayudar a salir de ella.
El secretario de Comunicación de CCOO insistió que, ante la falta de fiabilidad que demuestra el Gobierno, "se debería plantear si está en condiciones de seguir gobernando".
Lezcano fue especialmente crítico con la nueva regulación de la "cláusula de descuelgue" incluida en la reforma de la negociación colectiva, que, a su juicio, supone "barra libre" para que las empresas no apliquen los regímenes salariales establecidos en los convenios colectivos de ámbito superior.
"Una detrás de otra golpean en la cabeza de los mismos", lamentó Lezcano en clara referencia a que los trabajadores son los auténticos paganos de la crisis económica.
Según se desprende del real decreto ley publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, y que entra en vigor hoy, el Gobierno facilitará que las empresas apliquen la llamada "cláusula de descuelgue" durante un plazo máximo de tres años.
Matización
El Gobierno ha matizado, en el real decreto ley, la obligatoriedad de que empresas y trabajadores se sometan forzosamente al arbitraje cuando la renovación de los convenios haya quedado bloqueada.
El real decreto ley, que entra en vigor hoy, trata de imponer procedimientos para solventar las discrepancias existentes cuando los trabajadores y empresarios no alcancen un acuerdo para renovar un convenio colectivo en los plazos máximos contemplados.
No obstante, el texto reconoce que "en defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo".