El Congreso avaló ayer con el respaldo de todos los grupos, salvo el rechazo de IU y la abstención de UPyD, la prórroga indefinida de la participación española en la operación internacional en Libia, que acarrea un coste mensual de 14,4 millones de euros.
Las ministras de Exteriores, Trinidad Jiménez, y de Defensa, Carme Chacón, solicitaron ante la comisión conjunta Defensa-Exteriores del Congreso la autorización para mantener la presencia española en Libia de forma indefinida y en los mismos términos que hasta ahora.
Tras más de tres horas y media de debate en la Comisión Conjunta, la Comisión de Defensa lo aprobó por 36 votos a favor (PSOE, PP, CiU y PNV), ninguno en contra y una abstención (Rosa Díez, de UPyD).
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, se negó a votar y no ocupó su escaño en el momento de la votación. El resto de los grupos, salvo el PSOE, mostraron su apoyo con matices, manifestando su preocupación por la evolución del conflicto.
El coste de la participación española ha sido hasta ahora de 43 millones de euros y la prórroga indefinida acarreará un gasto mensual de unos 14,4 millones de euros, según reveló la ministra de Defensa, Carme Chacón.
Chacón reiteró el compromiso de España con la misión en Libia y reclamó a la OTAN que extreme las precauciones y evite víctimas civiles en sus acciones.
Reiteró que España seguirá en la operación de la OTAN el tiempo que sea necesario y hasta que se logre el alto el fuego, la retirada de las fuerzas militares del régimen de Gadafi y se garantice el acceso de la ayuda humanitaria a la población.
Por otra parte, Jiménez afirmó que España seguirá en Libia mientras el régimen de Gadafi siga siendo una "amenaza" para el pueblo libio y la región.
"Estaremos todo el tiempo que haga falta", aseveró Jiménez, quien, no obstante, apuntó que la solución al conflicto "debe venir desde dentro de Libia" y "no debe ser solo militar, sino fundamentalmente política".
Hizo hincapié en que existen razones para que España siga participando en una misión "legal, legítima y necesaria" para proteger a la población civil, como en Afganistán.
Al igual que Chacón, la titular de Exteriores negó que las metas de la misión hayan cambiado, después de que algunos grupos hayan criticado que el objetivo encubierto sea derrocar a Gadafi.
Jiménez subrayó que la presión militar, diplomática y económica ha llevado al régimen de Trípoli a estar cada día "más aislado y debilitado". En su opinión, de poner fin a la misión militar, no surtirían efecto las gestiones para tratar de que Gadafi deje el poder y permita al Consejo Nacional de Transición, el órgano que agrupa a los rebeldes, liderar la reconciliación.
PP, CiU y PNV dieron su apoyo a la prórroga, pero advirtieron al Gobierno que no darán "cheques en blanco" y que serán críticos y vigilantes con el Gobierno en el seguimiento de la operación.
El portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, ofreció el respaldo "leal, responsable, con sentido de Estado y altura de miras" de su partido pese al estancamiento del conflicto, si bien ha pedido al Ejecutivo más "coraje político" e información.
Afirmó que la retirada de los aliados sin poner fin al régimen de Trípoli sería perjudicial para Libia y la región. "Avisperos no resueltos acaban reabriéndose", avisó.
Josep Antonio Duran Lleida (CiU), en declaraciones a los periodistas antes del debate, defendió mantener la misión, pero también buscar el diálogo, incluido con el entorno de Gadafi.
El PNV dio un apoyo "precario, crítico y muy vigilante" al Gobierno. "No están las cosas, en absoluto, tan claras como lo estaban hace tres meses", dijo su diputado, José Ramón Beloki.
El portavoz del PSOE, Jesús Cuadrado, vio bien poner un plazo para que "ese criminal (Gadafi) sepa que va a salir".
El bloque crítico lo encabezó el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien se negó a votar una prórroga "ilegal" que aboca al conflicto a una guerra civil que puede ser "interminable".
Y también, Rosa Díez, que después de anunciar que votaría en contra durante su intervención, finalmente se abstuvo.