La reforma educativa propuesta ayer por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha dividido a la comunidad educativa en especial entre quienes apoyan la desaparición de Educación para la Ciudadanía (EpC) y quienes creen que responde a "presiones" que sólo servirán para renovar la "crispación".
En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Wert explicó que la educación secundaria "común" durará tres años, el bachillerato y la FP de grado medio tendrán tres y la asignatura de Educación para la Ciudadanía será sustituida por una de educación cívica y constitucional.
De inmediato, los sindicatos de la enseñanza CCOO y UGT se mostraron en contra de un cambio que "traerá crispación sobre un asunto que ya estaba resuelto en la comunidad educativa", en palabras del secretario general de FETE-UGT, Carlos López.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, apuntó que el cambio podría obedecer a "exigencias" desde el PP y desde determinados sectores educativos.
Por contra, el presidente del sindicato independiente ANPE, Nicolás Fernández, calificó de "correcto" el cambio de denominación de la asignatura y el hecho de que se mantenga una "formación sobre aspectos como nuestra Constitución" pero cambiando el nombre, que "parecía levantar suspicacias".
También el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Antonio Rodríguez-Campra, celebró los cambios y expresó su "confianza" en que lleguen "a buen puerto". Era una "vieja reivindicación de aquellos a los que no nos gustan los adoctrinamientos ideológicos", recordó sobre la supresión de la asignatura EpC.
De la misma opinión es el presidente de la Asociación Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, aseguró que el anuncio de Wert es una "alegría" que compensa muchos años de esfuerzo y lucha por la libertad frente al "adoctrinamiento educativo impuesto por el Gobierno de turno". Según Urcelay, el hecho de que se sustituya por una asignatura que explique la Constitución española y el sistema democrático, no tiene nada que ver con EpC: "bienvenida sea si no pretende introducirse en los valores de los alumnos y moldear su conciencia y pensamiento contra la voluntad de los padres".
Por contra, los cambios no han gustado a ninguna de las principales asociaciones de padres que, por motivos bien distintos, mostraron su disconformidad con las reformas educativas.
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA), Jesús María Sánchez, opinó que EpC ha sido eliminada "únicamente para contentar a los sectores fundamentalistas religiosos", pese a que se estaba impartiendo "con normalidad".
También el presidente de la Confederación Católica de Padres (CONCAPA), Luis Carbonell, se mostró "decepcionado" porque esperaba la supresión total de la asignatura EpC en favor de materias más importantes como lengua o matemáticas. A su juicio, los escolares deberían estudiar "los derechos y deberes constitucionales" pero de manera "transversal" y no en una asignatura concreta.
Por su parte, el jefe del departamento jurídico y portavoz de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), Luis Centeno, valoró que se modifique la EpC "tanto en su nombre como en su contenido".
Finalmente, para el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, con la desaparición de EpC "se acaba la anomalía histórica de un país europeo cuyo Gobierno intentaba instrumentalizar la escuela al servicio de la ideología particular del Gobierno de turno"