El Gobierno ha advertido a los inmigrantes ilegales que a partir del 1 de septiembre tendrán que "buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados", salvo que las comunidades decidan sufragar su atención sanitaria. Sin embargo, el Ejecutivo ha advertido a las regiones que no cumplen el objetivo de déficit que no deberían mantener la sanidad a los 'sin papeles'.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó ayer claro que los inmigrantes en situación irregular van a seguir recibiendo asistencia sanitaria a partir de septiembre pese a no tener tarjeta sanitaria. Sin embargo, advirtió de que "tendrán que buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados" salvo que las comunidades decidan sufragar dicha atención.
Así lo aseguro en rueda de prensa, en la que quiso "poner algunos puntos en claro" en un tema en el que, a su juicio, hay cierta "confusión de conceptos".
Sáenz de Santamaría explicó que España actúa "en la línea de lo que se hace en el resto de países de la Unión Europea" cuando se atiende a alguien que no tiene tarjeta sanitaria, que es "pedir que se abone la cobertura sanitaria recibida".
"Cuando van a otro país, España paga por ustedes", aseveró la vicepresidenta, apuntando que "o pagan sus estados de origen a través de los convenios bilaterales o de los sistemas de compensación de la UE, o pagan los propios extranjeros, a los que se pasa ese coste, o bien las comunidades pueden, en su ámbito de competencias, decidir como van a sufragar esta atención.