La crisis económica ha golpeado con más dureza a la población inmigrante que a la española y ha aumentado las diferencias sociales entre ambas, al contar con menos prestaciones, una tasa de paro que duplica la de los autóctonos y un mayor número de hogares pobres.
Son las principales conclusiones del informe "Impactos de la crisis sobre la población inmigrante" que ha elaborado, a partir de fuentes oficiales, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el colectivo Ioé para "rescatar de la invisibilidad" a este colectivo y reivindicar el mantenimiento de las políticas a favor de la integración.
Precisamente, los autores del estudio han hecho esta petición también por el aumento de las percepciones negativas de la población española sobre la incidencia de la inmigración en el mercado laboral.
Los autóctonos se encuentran divididos en tres grupos: los que rechazan la inmigración, que suponen el 37 por ciento, aunque este porcentaje no se ha incrementado especialmente con la crisis; los que la toleran (33 por ciento) y los que se encuentran indecisos (30 por ciento).
Éste último grupo es el que más preocupa a la OIM, ya que están más cerca de los que son reacios a la inmigración que los que la toleran.
Han aumentado los que están de acuerdo con la expulsión del país de los 'irregulares' (del 12 por ciento en 2007 ha pasado al 20 por ciento en 2010), de quienes abogan por devolver a sus países de origen a los que han cometido delitos (del 68 por ciento al 73 por ciento) e incluso a los que lleven mucho tiempo desempleados (del 39 al 43 por ciento).
Desde que comenzó la crisis, entre 2008 y 2011, se han perdido 2,2 millones de empleos, pero, según el informe, mientras que un 11,5 por ciento de los trabajadores españoles perdieron su puesto, entre la población inmigrante afectó al 15 por ciento de los asalariados de América Latina y el resto de Europa y al 21 por ciento de los africanos. La tasa de paro de este colectivo, el africano, se situó en el mismo periodo en el 39,1 por ciento.