La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para el próximo 27 de septiembre, a las 16.00 horas, el pleno que piden todos los grupos menos el PP para que comparezca De Guindos, han informado fuentes de Presidencia.
La fecha, que coincide con la del primer pleno ordinario previsto en el borrador del calendario de sesiones, sitúa el debate después de las elecciones gallegas y vascas del día 25.
Según las fuentes, Pastor ha optado por ese día teniendo en cuenta que el ministro ya compareció este martes en la Comisión de Economía y que existe el precedente de la pasada legislatura de juntar la sesión de control -a la que rechazó someterse el Gobierno en funciones- con el pleno ordinario.
A su juicio, convocar una sesión de control sin que éste se lleve a efecto supondría un «daño a la imagen de la institución», además de un «gasto innecesario, porque significaría usar dinero para convocar una comparecencia sin que venga el compareciente».
Pastor recibió esta martes poco antes de las 20.00 el escrito oficial del Ejecutivo notificando que De Guindos no comparecerá en el pleno para explicar la designación y renuncia del ex ministro Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.
El escrito argumenta que no corresponde al Ejecutivo en funciones someterse al control parlamentario ordinario y que el ministro además ya compareció ayer por ese asunto en la Comisión de Economía.
La presidenta del Congreso, que trasladó ayer a los portavoces parlamentarios que hoy pondría fecha al pleno que reclamaban, acordará previsiblemente con ellos el orden del día en la Junta de Portavoces de la semana que viene, que también deberá aprobar el calendario de sesiones.
En el precedente de la legislatura pasada, el entonces presidente del Congreso, Patxi López, otorgó tres minutos a cada grupo para que expresaran su posición ante la incomparecencia del Gobierno, por lo que Pastor podría optar por una fórmula similar.
La incomparecencia del Ejecutivo en el pleno el próximo día 27, junto al escrito del Gobierno registrado anoche, podrían servir de base al PSOE para impulsar un nuevo conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional.