El Gobierno alemán no tiene intención de vetar una eventual decisión de la Justicia de extraditar a España al expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, como quieren los abogados de la defensa, según informaciones del semanario Der Spiegel.
El Ejecutivo de Angela Merkel, apunta la revista citando fuentes gubernamentales, considera que dar ese paso –el veto– sería una «afrenta jurídico-política hacia los estados federados», a los que se han transferido las competencias de autorizar las extradiciones.
Carles Puigdemont, procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos en el marco del proceso secesionista, fue detenido el domingo en el norte de Alemania poco después de cruzar la frontera danesa y enviado a prisión mientras la Fiscalía del estado de Schleswig Holstein estudia la euroorden española.
Tras Semana Santa
La Fiscalía debe decidir, después de Semana Santa, si pide la extradición a la Audiencia Territorial de Schleswig, encargada de la resolución del caso. Según el semanario Der Spiegel, la Fiscalía se ha puesto ya de acuerdo con el Ministerio alemán de Justicia, que no tiene intención alguna de vetar una eventual extradición.
En conversación telefónica el mismo domingo, tras la detención de Puigdemont, la titular de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley; el ministro de Exteriores, Heiko Maas; el responsable de la Cancillería, Helge Braun, y el secretario de Estado de Interior, Hans-Georg-Engelke, estuvieron de acuerdo en que no debe haber «ninguna intromisión política» en este caso. Los abogados en Alemania de Puigdemont reclamaron al Gobierno de Merkel que evite la entrega de su cliente a España, en una declaración por escrito publicada el jueves.
Con independencia al proceso judicial, los abogados Wolfgang Schomburg y Sören Schomburg indicaron que esperan «que el Gobierno alemán –igual que han hecho ya otros gobiernos de otros Estados europeos– emplee la posibilidad prevista expresamente por la ley y no consienta la extradición de Puigdemont».
«Las acusaciones son injustificadas. Por ello es evidentemente ilícita la petición de extradición y son patentes las razones políticas de su prosecución penal», denunciaron los abogados del líder independentista. En base a esto, la defensa alemana confía en que «la Justicia alemana le devuelva su libertad».