El expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers en el extranjero --Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí-- han interpuesto una demanda civil conjunta en la justicia belga contra el juez del TS Pablo Llarena por presunta «falta de imparcialidad» y «vulnerar la presunción de inocencia» de los acusados, y han pedido su recusación en España.
Así, un juez belga ha citado a Llarena a comparecer frente a un tribunal francófono de Bruselas por la demanda, si bien no es obligatorio que declare personalmente.
«El juez Llarena actua sin imparcialidad y guiado por motivaciones políticas», ha declarado Puigdemont en videoconferencia durante una rueda de prensa en Bruselas junto a los exonsellers y los abogados que los representan.
La acción judicial en Bélgica tiene consecuencias en España, ha explicado Comín, que ha anunciado que también han planteado la recusación de Llarena --que podría suponer el abandono de éste como juez instructor de la causa del proceso soberanista--, ya que consideran que tener «una causa pendiente» contra ellos es uno de los motivos que obligan a un juez a apartarse del caso.
Esta demanda ha sido presentada por la vía civil, por lo que no se reclamarán penas de cárcel para el juez, sino que pague una «multa simbólica» de un euro «para reparar el daño causado», ha explicado uno de los abogados belgas de los exconsellers, Christophe Marchant.