La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado «a partir de esta tarde» el traslado a cárceles de Cataluña del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y de otros cinco políticos procesados por el Tribunal Supremo en situación de prisión provisional, según ha informado el Ministerio del Interior.
Además de Junqueras, serán conducidos a prisiones catalanas este mismo lunes por la tarde los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, el presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell. Cuando tengan contestación del Supremo harán lo mismo con los excosellers Joquim Forn, Jordi Turrull y Josep Rull.
Según Interior, «este hecho se producirá una vez que, en estos seis casos, se han cumplimentado los trámites preceptivos para este tipo de traslados». De esta forma, los seis encausados ingresarán «previsiblemente entre el miércoles y el jueves en centros penitenciarios dependientes de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña».
La Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, de quien depende la gestión de los centros penitenciarios en Cataluña, ha recibido este lunes la comunicación oficial del traslado por parte del Gobierno central y los destinos son los que la administración penitenciaria ha considerado más adecuados, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias catalanas.
Estas fuentes han precisado que los políticos varones ingresarán en la cárcel de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), mientras que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa irán a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Girona).
Los excosellers Joquim Forn, Jordi Turrull y Josep Rull serán trasladados «más adelante», según el Ministerio del Interior, debido a que los trámites judiciales no han concluido para estos tres presos preventivos que solicitaron al juez Pablo Llarena autorización para ser traslados después que los otros seis políticos catalanes.
Al tener cedidas las competencias en materia penitenciaria, la Generalitat de Cataluña es quien dispone sobre las cárceles y la vida en prisión de su población reclusa. Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que la encargada del traslado de los políticos catalanes es la Guardia Civil y que se había optado por una conducción ordinaria, frente a la opción de un traslado especial y directo.
Estas fuentes se remiten a criterios de seguridad para no desvelar detalles sobre el traslado en lo referente a si se utilizará una o varias cárceles de forma transitoria. Recuerdan que la Guardia Civil tiene establecidas sus líneas de conducción según la gestión de recursos públicos de los que disponen y especifican, por ejemplo, que el traslado Madrid-Barcelona no se hace en este caso ni en ningún otro de forma directa, salvo en las conducciones especiales.
La conducción especial y directa de cárcel a cárcel se ha descartado por no existir la urgencia que demanda, por ejemplo, una citación judicial. Servicios Penitenciarios aseguró que tomaría la decisión sobre el destino en base principalmente a la elección de cada uno de ellos, si bien podía haber alguna modificación en función de cuestiones logísticas.
Las condiciones que tendrán una vez sean trasladados a una cárcel catalana dependerá de la dirección del centro penitenciario en base al reglamento penitenciario, y las fuentes consultadas han expresado que estarán sujetos a las mismas normas y derechos y al mismo reglamento y ley penitenciaria que el resto de presos.
Estando encarcelados en Madrid, Instituciones Penitenciarias abrió expedientes sancionadores a Oriol Junqueras y a Jordi Sánchez por incumplir las normas internas al realizar entrevistas para medios de comunicación o comunicarse con el exterior al margen del protocolo común para el resto de presos.
Los políticos catalanes también se quejaron del trato recibido en algún traslado y se investigó a unos policías que se mofaron de ellos cuando hacían guardia esperando a su salida de la Audiencia Nacional bajo custodia de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó en su viaje oficial a Rabat el pasado 28 de junio que el traslado se llevará a cabo «en los próximos días» sin ofrecer más detalles. «El expediente al respecto continuará y se resolverá en los próximos días, no puedo decir una fecha concreta», aseguró antes de respaldar el traslado por cuestiones familiares y de ejercicio del derecho a la defensa. «Hablemos de normalidad del sistema, eso es lo importante», enfatizó.