Las tres principales organizaciones de jueces y magistrados han criticado este lunes la «mala imagen» de la Justicia que da el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE para nombrar al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo porque de nuevo, se incumplen las previsiones constitucionales que establecen que son los vocales y no los partidos quienes eligen este cargo por votación.
«Es un mal comienzo para este nuevo Consejo», señala en declaraciones el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González, quien incide en que «transmite una mala imagen de la justicia» que sean los partidos quienes, nuevamente, elijan al nuevo presidente, en este caso, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena.
Para esta organización, Marchena es «un gran profesional» y se trata de un hecho «indiscutible», aunque ellos apostaban por otro tipo de perfil. «Nosotros hubiésemos elegido a una mujer y de perfil progresista», ha concretado.
Por su parte, Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, insiste en que es «un procedimiento ilegal porque está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial» que son los vocales quienes designan al presidente. «Que ya se sepa quién va a ser presidente sin que se sepa quiénes son los vocales y sin que los vocales hayan votado, nos parece una aberración. El sistema se perpetúa y volvemos a tener otros cinco años con sombras sobre la independencia de la justicia en España», ha apostillado en declaraciones a Europa Press.
Mientras, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, ha lamentado que «desde el primer mandato en 1985» no se ha respetado el sistema que a su juicio, debería regir «por pura coherencia constitucional» y es que «la designación tanto de los vocales como de su presidente sea impulsada por la carrera judicial». Sobre la figura en sí de Marchena, que está adscrito a esta organización, Rodríguez pone el acento en que se trata de un profesional «de prestigio indiscutible» dentro y fuera de España y cuya autoridad dentro del Supremo y dentro del conjunto de la carrera judicial y la comunidad jurídica es reconocida desde hace años, como también es reconocida su apuesta en defensa de la democracia y también en sus contribuciones doctrinales y jurisprudenciales a la hora de unificar doctrina en temas tan sensibles como la lucha contra el terrorismo».