La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este jueves «perdón a los andaluces» por el «bochornoso y lamentable» caso de los ERE, ha defendido que sólo 219 de los 7.000 trabajadores que se beneficiaron de pólizas están en el «foco de la ilegalidad» y ha negado que la Junta de Andalucía se retirase de la causa judicial durante su mandato, uno de los argumentos que esgrimen el resto de partidos para solicitar su dimisión porque dificulta la recuperación del dinero defraudado.
Susana Díaz se ha pronunciado así en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, en lo que constituyen sus primeras manifestaciones públicas desde que el martes se conociera la sentencia del caso ERE que condena a sus antecesores en el cargo, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, a penas de prisión e inhabilitación junto a otros 17 exaltos cargos de la Junta.
La expresidenta de la Junta ha explicado que no ha valorado antes la sentencia porque «mi obligación y deber era hablar cuando conociera la sentencia» y ha criticado que el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, «apareciera media hora después de conocerse detrás de un plasma» para hacer una declaración institucional y después «pasearse por los platós faltando a la verdad», ya que ha negado que la Junta se retirase bajo su mandato de la causa en el año 2016.
Díaz ha relatado que ha hablado tanto con Chaves como con Griñán tras conocer la sentencia, «que no esperaban» y acredita que «no se han llevado ni un duro», y ha defendido que ambos «ya asumieron su responsabilidad» con sus dimisiones «mucho antes de que la sentencia viera la luz».
Susana Díaz ha manifestado que ha decidido pronunciarse dos días después de que se conociera la sentencia porque quería tener toda la documentación e información para hacerlo con rigor, y ha insistido en la «tristeza enorme» que esta sentencia le ha producido como andaluza y socialista. Ha indicado que, aunque ella no estuviera en el Gobierno andaluz cuando se produjeron los hechos, ya que llegó en el año 2012 y fue presidenta en 2013, quiso pedir perdón, porque lo que más duele es que se manche a Andalucía y que esos hechos sucediera durante gobiernos socialistas.
«Mentiras» y «desinformación»
La dirigente socialista ha lamentado las «mentiras» y la «desinformación» de los demás partidos e incluso del presidente de la Junta en estos días, como decir que el Gobierno andaluz se había retirado de la causa, durante su mandato como presidenta, porque no les interesaba que se supiera la verdad y se recuperara el dinero defraudado.
«Se está mintiendo cuando se dice que nos habíamos retirado de la causa, porque no es verdad», según ha sentenciado Susana Díaz, quien ha indicado que el Ejecutivo actuó siempre conforme a lo que dijeron los servicios jurídicos de la Junta, que son los equivalentes a la Abogacía del Estado. Ha indicado que el auto del 17 de octubre de 2016 que esgrime el PP-A para decir que la Junta se retiró como acusación y pidió el archivo de la causa, en modo alguno, implica la retirada de la Junta de la causa.
Ha insistido en que la Junta actuó conforme a lo que dijeron los servicios jurídicos, que marcaron una actuación determinada si se quería recuperar el dinero y para no cercenar la capacidad de la administración autonómica para recuperar todo lo que no se había gastado bien. «Que se documenten y no difamen», según ha dicho Díaz a los demás partidos.
Asimismo, Díaz ha señalado que la sentencia, en ninguno de sus más de 1.800 folios, alude al PSOE «como organización política», lo que significa que no ha habido «financiación ilegal» y que el partido no se ha lucrado.
Esto no quita, según ha señalado, que a los socialistas nos duela lo que ha ocurrido, porque fueron hechos que sucedieron bajo gobiernos socialistas en la Junta.
Asimismo, Susana Díaz ha indicado que la reacción de la dirección federal del PSOE tras la sentencia ha sido tan «rigurosa» como la de la dirección del PSOE-A.
Susana Díaz ha manifestado que espera que el nuevo Gobierno andaluz trabaje por la recuperación del dinero y ha recordado que de entre los 7.000 trabajadores que han cobrado pólizas de prejubilación en el marco de reconversiones industriales, sólo 219 casos son los que se han sido investigado como posibles «intrusos» a los que no les correspondía cobrar el dinero.
La dirigente socialista ha señalado que tras estos hechos, cuando llegó a la Junta en el año 2012 había aprendido dos lecciones, que todos tenemos que tener un «comportamiento ejemplar» y que nadie puede pretender «enriquecerse» y que hay que poner todos los controles para que hechos así no vuelvan a ocurrir. Ha apuntado que no hay ninguno de sus antiguos consejeros imputado en ninguna causa.