Pedro Sánchez se enfrenta este sábado a su tercer debate de investidura en poco más de tres años en plena tormenta por las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Quim Torra y dictaminar que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado. Los dos primeros debates de investidura de Sánchez fueron fallidos, ya que en ninguna de esas dos ocasiones, en marzo de 2016 y en julio pasado, consiguió la mayoría del Congreso para ser investido.
A pocas horas de que comience el debate de investidura, el PSOE ha logrado los votos necesarios para la elección de Sánchez como presidente del Gobierno por mayoría simple del Congreso el próximo martes, tras cerrar sus últimos pactos con los partidos minoritarios.
El voto favorable del BNG, el último en firmar un acuerdo con los socialistas este viernes, ha sido el que ha decantado definitivamente la balanza en favor del candidato socialista por un margen muy ajustado.
En concreto, Sánchez puede ser investido el martes por mayoría simple -el domingo habrá una primera votación que no sale adelante porque necesita mayoría absoluta- con 167 votos a favor, 164 en contra y 19 abstenciones.
Eso siempre que nadie cambie su posición de voto, porque una nueva tormenta política se ha desatado en Cataluña esta tarde cuando se han conocido las resoluciones de la Junta Electoral Central.
La primera de ellas estima un recurso de los partidos de la derecha y ordena retirar el acta de diputado autonómico de Quim Torra, con lo que le inhabilita para seguir siendo presidente de la Generalitat.
En la segunda, que ha avanzado el líder del PP, Pablo Casado, y que responde a otro recurso de este partido, la Junta Electoral Central también declara la pérdida de condición de eurodiputado a Junqueras.
ERC, que ayer mismo confirmaba su abstención y hacía público su acuerdo con el PSOE -que incluye una mesa de negociación sobre Cataluña entre gobiernos y una consulta a la ciudadanía con lo acordado- ha anunciado para mañana una reunión de su Ejecutiva analizar las decisiones de la JEC y «valorar las consecuencias en el calendario político inmediato».
Y desde el PSOE, su portavoz, Adriana Lastra, ha dicho que el partido tiene «serias dudas» de que la JEC sea competente para acordar la inhabilitación de Torra y Junqueras y espera que el Tribunal Supremo responda cuanto antes.
No ha querido Lastra responder a los periodistas cuando le han querido preguntar sobre si había hablado con ERC o si peligraba la investidura y antes sólo ha subrayado que espera que a partir de mañana «la democracia se va a abrir paso» con el arranque del pleno de investidura y será posible que «esa España que quiere avanzar, avance».
Antes de que estallara esta nueva crisis que puede condicionar la investidura, la víspera del debate ha vuelto a ser una jornada maratoniana para los socialistas, que han cerrado sus acuerdos con los partidos minoritarios, algunos in extremis.
La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha firmado los acuerdos Teruel Existe, Compromís, Nueva Canarias y el BNG.
Los portavoces de estos partidos han coincidido en no poner pegas al acuerdo de PSOE y ERC por enmarcarlo dentro de la ley y confiar en que el diálogo se ajustará al ordenamiento jurídico, como así han prometido ambas formaciones.
Cada uno de estos portavoces ha subrayado después todo lo logrado en sus negociaciones con los socialistas para defender su voto favorable a la investidura.
Abordar por fin la reforma del sistema de financiación autonómica, con una propuesta antes de ocho meses, es uno de los compromisos firmados con Compromís.
Su diputado, Joan Baldoví, ha destacado también la promesa de que el Estado cumpla con la financiación del 50 % para dependencia y con la cláusula de inversiones territorializadas.
En el acuerdo con Nueva Canarias, los socialistas se comprometen a respetar el régimen especial fiscal de la Comunidad y desligarlo de los fondos que se decidan en el sistema de financiación autonómica y a atender a la singularidad del archipiélago en negociaciones del presupuesto europeo.
Teruel Existe, por su parte, ha conseguido arrancar de los socialistas la paralización de una medida que se había puesto en marcha el 1 de enero, el cierre de las taquillas de Renfe en las estaciones con pocos viajeros.
Una medida que no solo beneficia a esta provincia sino a muchos otros puntos de la «España vaciada», que por cierto tendrá un Ministerio que se ocupe de ella, porque el acuerdo contempla este nuevo departamento para abordar el reto de la repoblación y el reequilibrio territorial.
El único diputado de esta plataforma convertida en agrupación de electores ha logrado también, entre otros compromisos, el de aumentar la dotación de guardias civiles en la provincia.