La modificación de los delitos sexuales en el Código Penal para que sólo sí sea sí, el refuerzo de la lucha contra todos los tipos de violencias machistas y el impulso de políticas para acabar con la desigualdad salarial y laboral serán las principales líneas de actuación de la nueva ministra de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez, Irene Montero.
Erradicar la trata con fines de explotación sexual, ampliar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, luchar contra la violencia de género que se ejerce a través de internet y de las redes sociales, proteger a los menores de la pornografía y actuar contra las agencias que ofrecen vientres de alquiler son otras de las medidas que Montero pretende poner en marcha.
Muchos de los cambios que quiere impulsar requerirán el trabajo conjunto con otros ministerios (Justicia, Sanidad, Empleo y Seguridad Social) y, sobre todo, del respaldo del Parlamento.
En el acuerdo de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos ya dejaron claro que el feminismo será un pilar de su estrategia, que se centrará en «garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista».
Y Montero tendrá que defender el ambicioso programa de reformas en materia de feminismo en un contexto en el que el negacionismo de la violencia machista tiene representación en el Congreso de los Diputados. La sucesora de Carmen Calvo, que ha tomado posesión este lunes de su cartera, llega al cargo con una agenda doblemente marcada.
Primero, por las reformas que quedaron pendientes debido al bloqueo político, como el desarrollo completo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -dos años después de su aprobación, hay más de 200 medidas que aún no se han activado-.
Y en segundo lugar por las clamorosas reivindicaciones feministas que llenaron las calles tanto los dos últimos 8M como en las distintas movilizaciones a raíz de la primera sentencia de La Manada. La garantía de seguridad e integridad de la mujer fueron una de las principales exigencias de esas protestas.
La modificación del Código Penal para que el consentimiento sea la clave en la tipificación de los delitos sexuales (que sólo sí sea sí), como establece el Convenio de Estambul, es una de las reformas pendientes y urgentes más esperadas.
El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, expresó en una entrevista su deseo de que esta reforma sea la primera que se lleve a cabo esta legislatura.
El Ejecutivo quiere crear una Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales.
Otros cambios legislativos relevantes que aspira a llevar a cabo son la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores que cumplan condena por delitos graves de violencia de género o la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la dispensa legal de declarar en casos de violencia de género.
Fundamental será ampliar la protección de las mujeres frente a todo tipo de violencia, como establece el Pacto, y no sólo de la ejercida por las parejas o exparejas, que desde 2003 se ha cobrado la vida de 1.035 mujeres en España y de 35 niños desde 2013.
La igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y la elaboración de una ley de igualdad laboral y otra de racionalización de los horarios son otros de los puntos consensuados por el Ejecutivo de coalición.
Sin embargo, conforme la legislatura eche a andar se comprobará cómo lidian PSOE y Unidas Podemos con el asunto de la prostitución, punto de divergencia entre ambas formaciones: mientras los socialistas son abolicionistas, en Unidas Podemos no hay una postura clara al respecto.
Y por ver está que el Ejecutivo cumpla con la promesa de legislar para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad, así como para acabar con la denominada tasa rosa.