Conseguir que los militares que pasan a la reserva con 45 años se recoloquen, mejorar la conciliación y las retribuciones, salvar al Ejército de la obsolescencia tras años de recortes y lidiar con misiones delicadas como la de Irak son algunos de los retos a los que se enfrenta Margarita Robles en su nueva etapa al frente del Ministerio de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez.
Robles repite en Defensa con las mismas tareas que hace un año y medio, cuando esta jurista pasó a liderar la cartera dispuesta a resolver algunos de los problemas «sociales» a los que se enfrentan los alrededor de 129.500 militares españoles y a reforzar el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas.
De su capacidad para negociar un buen presupuesto para su departamento después de años de cuentas prorrogadas depende poder solucionar los problemas a los que se enfrenta el Ejército.
Uno de los más importantes es el efecto que tiene sobre las carreras de los militares la ley de tropa y marinería de 2006. Esta norma deja a los militares temporales en la calle con 45 años si no han conseguido antes la permanencia o ascender mediante sendos concursos, o bien recolocarse opositando a cuerpos de seguridad y otras administraciones. Se calcula que afecta a 56.000 y se espera que en los próximos años se queden sin empleo por miles.
Durante los meses de Robles al frente de Defensa, se ha avanzado en el problema llevándolo al Congreso. Una subcomisión creada al efecto publicó un dictamen que ahora puede servir de guía para dar salidas laborales a estos profesionales, que se encuentran con 45 años sin trabajo y con una asignación de 645 euros que no les da para llegar a fin de mes.
Otro de los problemas de índole social que reivindican los militares es la dificultad para conciliar. Aunque se han conseguido avances en el mandato de Robles, la movilidad geográfica sigue suponiendo su principal preocupación, con traslados de comunidad a mitad de curso que dificultan la adaptación.
Las asociaciones militares piden más facilidades para el alojamiento y en los colegios, entre otras cosas.
También piden aumentar sus retribuciones, ya que ven cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil consigue mejoras mientras las suyas prácticamente no varían. Las diferencias con los sueldos de la Guardia Civil, se quejan, pueden llegar al 50 %.
Durante su etapa en el Ministerio, Robles ha hecho mucho hincapié en mejorar al papel de la mujer en los ejércitos. Actualmente hay casi un 13 % de mujeres militares, pero este porcentaje lleva congelado desde 2014.
Tras años de recortes en el presupuesto de Defensa, el material de las Fuerzas Armadas empieza a estar obsoleto. En el último año y medio Robles le ha dado un empujón con el desbloqueo de varias inversiones que resultó en la aprobación en diciembre de 2018 de un gasto de 7.331 millones hasta 2032.
Con ese dinero se pretenden construir cinco fragatas F-110, reemplazar los carros de combate del Ejército de Tierra con 348 vehículos Dagón 8x8 -aunque este contrato está ahora paralizado por problemas con la empresa adjudicataria- y actualizar el avión de combate Eurofighter.
También se están quedando antiguas las infraestructuras de los militares. Cuarteles y centros de trabajo que se han dejado de lado en los años de la crisis y que la ministra ha ido conociendo de primera mano en los últimos meses.
El Gobierno prorrogó a finales de año la participación de España en las misiones internacionales, pero ahora se abre un nuevo escenario en Irak con la crisis EE.UU.-Irán.
En el país árabe hay alrededor de 550 españoles dentro de dos misiones, una liderada por EEUU con el amparo de la ONU y otra de la OTAN. Por ahora, el Gobierno está a lo que decidan los mandos de esas operaciones y confía en que la seguridad de los españoles no esté comprometida.
Otra misión delicada es la llamada Sophia que la UE tiene en Italia para controlar las mafias en el Mediterráneo. Quedó herida en 2019 cuando el gobierno italiano pidió retirar los buques que, entre otras cosas, rescataban a migrantes de ahogarse en el mar. Ahora solo quedan los aviones que vigilan desde el aire, pero el Ejecutivo español quiere seguir participando con sus fragatas.
Las misiones en la franja africana del Sahel son también importantes para España. El terrorismo yihadista y las mafias de armas, personas y drogas campan a sus anchas en esos países, cuyos ejércitos se refuerzan gracias a misiones de entrenamiento como la de Mali. Actúan en la llamada «frontera avanzada de Europa», una zona desde donde las mafias se introducen en el continente europeo.
Con Robles el CNI volvió a depender de Defensa y el que había sido su director durante una década, Félix Sanz Roldán, dejó su cargo al finalizar su mandato y tras momentos convulsos por los ataques del excomisario José Villarejo.
Al frente quedó de forma interina Paz Esteban, hasta ese momento secretaria general del centro y candidata a ser la primera mujer en mandar sobre la inteligencia española.
La ministra tiene que decidir a quién nombra como nuevo director o directora y previsiblemente también aborde el relevo de la cúpula militar, que dejó en suspenso en su momento.
Como jurista, Robles conoce bien el excepcional caso de la jurisdicción militar. Las asociaciones militares piden reformarla para equipararla a la ordinaria y, en todo caso, anularla en tiempos de paz. Se trata de juzgados y tribunales con jueces que son a la vez militares, una doble condición que arroja dudas sobre su independencia.
Recuerdan que los países del norte de Europa suprimieron la justicia militar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó a ser una jurisdicción ordinaria más debidamente especializada.