La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha admitido este jueves que, de momento, para septiembre no se puede decir «nada con seguridad» sobre la vuelta a los centros educativos al desconocerse la evolución de la pandemia, pero ha afirmado que se deberá procurar el mayor número de alumnos en las clases presenciales.
Lo ha dicho durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la actuación de su Departamento durante la crisis del coronavirus, en una Comisión de Educación donde se han vivido varios momentos de tensión dialéctica, principalmente entre los portavoces de PP, Unidas Podemos y PSOE.
Celaá ha recordado que se ha formado un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial con las comunidades para que antes de las vacaciones haya un plan para la vuelta a clase el próximo curso, pero ha reconocido que se debe comprobar cómo evoluciona el virus este verano y tener en cuenta todas las variables.
Ha recordado que es Sanidad quien dicta las pautas sanitarias y no ellos, por lo que también será el departamento de Salvador Illa el que decida si se deben hacer test a los docentes y alumnos antes de poder regresar a clase.
Además, ha especificado que se pretende que, si los grupos por clase son de más de 15 alumnos, se fraccionen para responder a las condiciones marcadas de distancia social de 2 metros.
Para ello, ha instado a que se aprovechen «todos los espacios físicos de los centros», como bibliotecas, gimnasios o salones de actos.
Aprobado general
Otro tema abordado ha sido el de si va a haber aprobado general este curso.
La ministra ha negado que haya «barra libre": serán los profesionales educativos, y la junta de evaluación, los que decidan si un alumno con algún suspenso puede pasar de curso y, en su caso, logra la titulación en una etapa educativa.
«No se puede hacer otra cosa», ha enfatizado la ministra, que ha recalcado que en otros países por la COVID-19 sí se ha establecido el aprobado general.
Por otro lado, ha defendido que se debe garantizar una educación en valores cívicos, pues «la responsabilidad cívica demostrada por la ciudadanía española, entre la que están los estudiantes, ha sido la clave en la respuesta a la pandemia».
A la vez, ha urgido a abordar diversas reformas, entre ellas, intensificar la apuesta por la digitalización para garantizar la formación en las competencias que los estudiantes necesitan desarrollar, reformar el currículo y modernizar la profesión docente.
Y no ha renunciado a que siga su curso parlamentario -está en fase de presentación de enmiendas parciales- la Lomloe, a pesar de las críticas de Ciudadanos, cuya portavoz, Marta Martín, le ha dicho que «no es el momento».
Los grupos nacionalistas (ERC, Bildu o PNV) han acusado al Gobierno de utilizar el estado de alarma para invadir competencias, y Celaá ha recordado que las comunidades «son autónomas, pero no independientes».
«El ministerio sigue el modelo vigente, que no es otro que el constitucional, sin ninguna nostalgia de estados unitarios de muy triste recuerdo en este país», ha asegurado.
La diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha acusado de imponer un «155 educativo encubierto», pues «las decisiones estructurales las ha tomado un mando único» y las comunidades «son unas meras gestoras de lo que en Madrid se decide».
El representante del PP, Óscar Clavell, ha manifestado que Celaá «ha renunciado a liderar cualquier iniciativa» y ha criticado que no se haya «consensuado nada con la comunidad educativa para la desescalada».
A juicio de Clavell, «no existe ningún protocolo firme ni criterios homogéneos» sobre el fin del curso actual y el inicio del próximo en septiembre y ha reprochado a Celaá que haya anunciado el aumento de cuantía destinada a becas sin los presupuestos aprobados.
Marta Martín (Ciudadanos) ha criticado muchas de las medidas adoptadas sobre el fin de curso escolar, con especial mención a que se priorice la promoción sin tener en cuenta las materias no aprobadas. «Están retorciendo la normativa y van a meter en problemas jurídicos a centros, alumnos y familias», ha advertido.
Joaquín Robles (Vox) ha lamentado que Celaá mire «para otro lado» mientras cada comunidad «va por su cuenta», y ha acusado al Ejecutivo de concebir la «educación como un medio para adoctrinar».
Rifirrafe entre PP, PODEMOS Y PSOE
El mayor rifirrafe en la Comisión se ha producido cuando el PP, Unidas Podemos y PSOE han protagonizado un cruce de descalificaciones.
Clavell (PP) había dicho a Celaá que, «si tuviese que definir a su Gobierno con algunos verbos, estos serían prohibir, derogar, abolir, amordazar, silenciar, mentir, engañar, improvisar y ocultar, entre otros».
Ha replicado Joan Mena (Unidas Podemos) enumerando otros verbos que ha aplicado al PP: «Robar, chorizar, estafar, timar, hurtar, afanar, mangar, atracar, sisar o expoliar».
Tras estas manifestaciones, el representante del PP ha utilizado su réplica a Celaá para añadir: «Si a todos los verbos que ha dicho Mena, le añadimos dos sustantivos, como pueden ser prostitución y drogadicción, estaríamos hablando del PSOE de Andalucía, como están ya con sentencia firme (los expresidentes de la Junta) el señor Chaves y el señor Griñán».
Al finalizar la sesión, el diputado del PSOE, Guillermo Meijón, ha pedido que se retiraran del acta las acusaciones, pero al final no se ha llegado a un acuerdo para ello.