El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el freno en el despliegue del acuerdo programático que tiene pactado con Unidas Podemos, su socio de coalición, al asumir que la situación generada por la pandemia de coronavirus le obliga a ser especialmente cuidadoso con aquellas políticas que impliquen gasto.
La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el programa del Gobierno de coalición tendrá que adaptarse al «entorno y momento concreto» que deja la pandemia de coronavirus por lo que, aunque seguirá sirviendo de «guía», debería someterse a una nueva selección de prioridades, «repriorizar lo priorizado», en palabras de la ministra.
Ese pacto de gobierno no tiene un calendario y, sin embargo, contiene algunos compromisos que se han acelerado como el Ingreso Mínimo Vital, con un coste de 3.000 millones de euros. Esto obliga, según explican a Europa Press fuentes del Ejecutivo, a ejercer cierta contención este año a la hora de ir desplegando el resto de compromisos contenidos en la agenda con Podemos.
No se trata de renunciar a ellos, sino de no cumplirlo todo el primer año, sostienen las fuentes consultadas.
Este freno que el Ejecutivo asume echar sobre el acuerdo programático afecta también a la reforma laboral, cuya derogación contempla el pacto de la coalición. Los socialistas en el Gobierno --pese al reciente acuerdo firmado con Bildu y Podemos, luego rectificado, sobre su derogación íntegra-- sostienen que los cambios que se harán serán los que se vayan acordando en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos, lo que supone renunciar a la revisión completa de la reforma laboral que impuso el PP en la crisis anterior.
Donde el Gobierno no contempla pasos atrás es en su propuesta fiscal, afirman las fuentes consultadas. El Ejecutivo mantiene su intención de crear dos nuevos impuestos, a las transacciones financieras y la 'tasa Google', así como la subida del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones, hasta situarlo en el 15 por ciento.
El mensaje de prudencia emitido por la ministra Montero con respecto a la agenda de la coalición de gobierno se produce en un momento en que el Ejecutivo está haciendo un llamamiento a alcanzar «acuerdos transversales» para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Ciudadanos, partido al que mira el Gobierno para sacar adelante esas cuentas ante la imprevisibilidad de ERC, ya ha advertido de que no piensa aprobar unos Presupuestos «con medidas surrealistas de Podemos».
Desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha reaccionado a las palabras de Montero. En su opinión, el acuerdo programático del Gobierno de coalición ya «está muy bien adaptado a la situación actual» y «como todos los acuerdos, exige su cumplimiento». Eso sí, ha reconocido que esto no está reñido con tener «flexibilidad».
Las declaraciones de Montero sobre la necesidad de adaptar el acuerdo programático a la realidad actual se produjeron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando se le preguntó si el Gobierno iba a atender las peticiones que estaban lanzando los empresarios en la cumbre organizada por la patronal CEOE (entre otras que no se suban los impuestos y que se mantenga la reforma laboral) o si, por el contrario, iba a seguir el acuerdo pactado con Podemos.
Según Echenique, «es obvio que después de la peor epidemia en 100 años, uno tiene que analizar lo que había acordado previamente», ya que tanto Unidas Podemos como el PSOE se presentaron a las elecciones con programas escritos «sin conocer los efectos económicos y sociales que iba a tener una epidemia tan grave». «Seguramente si lo hubiéramos sabido, habríamos llevado una mayor inversión en sanidad pública», ha admitido.
Echenique ha asegurado que en su partido no están preocupados porque confían en que el PSOE no va a renunciar a su programa de gobierno a cambio de lograr el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos.