A los tres años de los atentados yihadistas del 17A en Cataluña, la justicia ha dejado en puertas de juicio a los tres únicos supervivientes de la célula, sin procesarlos por delitos de asesinato, una decisión que las víctimas ven con decepción pues amenaza con dejarlas sin indemnizaciones.
Con un formato adaptado a las medidas sanitarias, la pandemia no impedirá este lunes el acto de homenaje con el que Barcelona recordará esa fatídica tarde del 17 de agosto de hace tres años, cuando el yihadismo golpeó por primera vez el corazón de Cataluña, de la mano de un puñado de jóvenes de Ripoll (Girona) de origen magrebí, y dejó, en unas horas, 16 cadáveres y cerca de 140 heridos.
Poco antes de las cinco de la tarde, Younes Abouyaaqoub daba inicio a la masacre con un atropello masivo, al volante de una furgoneta alquilada con la que zigzagueó durante 800 metros a toda velocidad por unas Ramblas atestadas de turistas: asesinó a 15 personas y dejó heridas, al menos, a otras 130.
Tras dejar la furgoneta sobre el mosaico de Joan Miró de las Ramblas, caminó hasta la Zona Universitaria de Barcelona, donde mató a cuchilladas a un joven para robarle el coche en su intento de fuga, que duró escasos días. El 21 de agosto los Mossos lo abatían en unos viñedos del Penedès.
Mientras tanto, otros cinco de los terroristas se pertrechaban de cuchillos y un hacha para intentar, ya en la madrugada del 18A, otra matanza en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona). Murieron tiroteados por los Mossos d'Esquadra tras arrollar con su coche a un grupo de transeúntes, uno de los cuales falleció, y apuñalar a otros doce cuando volcaron el vehículo.
Fueron esos los ataques terroristas que improvisaron tras frustrarse el gran atentado que llevaban planeando desde al menos 2016, con la Sagrada Familia como principal objetivo, para lo que habían almacenado en un chalé de Alcanar (Tarragona) un centenar de bombonas de butano y entre 200 y 500 kilos de TATP -explosivo casero conocido como «madre de Satán"- que, según los investigadores, querían hacer estallar el 20 de agosto.
Por efecto del calor, la víspera del 17A los explosivos hacían saltar por los aires el chalé de Alcanar, en el que murieron dos de los terroristas, entre ellos Abdelbaki Es Satty, líder espiritual de la célula y quien emprendió en 2015 el adoctrinamiento del grupo de jóvenes como imán de la mezquita de Ripoll. El 18 de agosto, Dáesh reivindicaba los atentados.
Ningún procesado por los asesinatos
Después de tres años de investigaciones, la Audiencia Nacional ha zanjado la causa principal de los atentados sin ningún procesado por los 16 asesinatos y los heridos que provocaron los seis terroristas muertos en los ataques de Barcelona y Cambrils.
La sala de lo penal ha abierto juicio oral por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos contra dos de los presuntos miembros de la célula: Mohammed Houli Chemlal -superviviente de la explosión de Alcanar- y Driss Oukabir, hermano de uno de los fallecidos y a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo.
En un criterio compartido por la Fiscalía y algunas de las acusaciones -Generalitat y Ayuntamiento-, la sala ciñe el papel de estos dos procesados a la pertenencia a la célula y los preparativos del atentado frustrado, sin vincularlos directamente con los ataques Barcelona y Cambrils, aunque ha dejado abierta la puerta a que las partes lo planteen en el juicio.
Más tangencial sería la participación del tercer procesado, Said Ben Iazza, a quien la Audiencia procesa por colaboración con organización terrorista, al entender que su intervención se limitó a facilitar la furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno necesario para fabricar los precursores de los explosivos, así como la documentación para adquirirlo.
Decepción entre las víctimas
Gran parte de las acusaciones particulares ejercidas por las víctimas -incluidas las colectivas, como la AVT o la del 11M- se han apresurado a desmarcarse de la Fiscalía, con escritos que plantean penas superiores a los 2.000 años de cárcel y prisión permanente revisable para los procesados, por los asesinatos e intentos de asesinatos de los ataques.
No solo la posible impunidad simbólica de los atentados preocupa a las víctimas y familiares de fallecidos: también están en juego las indemnizaciones que les puedan corresponder en sentencia por los daños y secuelas que arrastran y que suman cifras millonarias.
En el caso de que los procesados se declararan insolventes, las indemnizaciones podrían ser asumidas por el Estado, de acuerdo con la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, pero esa solución se adivina más improbable si tras el proceso penal no hay condenados por los muertos y heridos en los atentados.
Robert Manrique, portavoz de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), no oculta su «decepción» con el proceso judicial, que a su parecer permitiría al Estado ahorrarse indemnizaciones millonarias. «¿Cómo se puede entender que esos tres procesados no sabían lo que iban a hacer sus compañeros? No son nueve lobos solitarios», lamenta. En la misma línea se expresa José Vargas, presidente de la ACVOT, que apunta: «¿Qué se puede esperar de una Fiscalía como la que tenemos y jueces que solo atienden a los políticos? No me extraña en absoluto».
En paralelo al proceso judicial, el Ministerio de Interior ha reconocido como víctimas de los atentados a 116 personas, entre ellas los 16 fallecidos, a las que ha pagado más de seis millones de euros en indemnizaciones y ayudas, según datos de la Dirección General de Apoyo a las Víctima del Terrorismo.
El rastro internacional
Con la causa principal de los atentados lista para juicio, la Audiencia Nacional mantiene, bajo secreto de sumario, otras líneas de investigación que rastrean las posibles conexiones internacionales de la célula y los apoyos con que pudieron contar en el extranjero para sus planes.
Algunos movimientos, sin explicación aparente, de los terroristas en Francia, Bélgica o Marruecos alimentan esas sospechas; en especial, un viaje relámpago a París días antes de los atentados, en el que compraron una cámara de fotos y tarjetas de teléfono y estudiaron los accesos a la Torre Eiffel.
Ya en diciembre de 2016, tres des los terroristas -entre ellos Abouyaaqoub- habían viajado a París entre los días 25 y 28 de diciembre, con una breve escapada de un día a Bélgica, donde Es Satty había estado ejerciendo de imán en una mezquita de la que fue expulsado por su deriva radical.
El papel del imán
Las conexiones del imán de Ripoll (Barcelona), que mientras estuvo preso en Castellón entre 2012 y 2104 por tráfico de drogas se entrevistó con dos agentes policiales, suscitaron recelos entre el independentismo ya desde los días posteriores a los atentados, ocurridos en un momento de alta tensión política en Cataluña por la inminencia del 1-O.
El diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de la familia de una de las víctimas del 17A, ha tratado sin éxito de que la Audiencia Nacional indagara las relaciones de Es Satty con el CNI y hasta ha puesto en duda que el imán muriera en la explosión de Alcanar, dado que nadie ha reclamado su cuerpo ni, asegura, se encontraron los restos de sus móviles y tarjetas telefónicas.
El juez instructor, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, denegó las diligencias solicitadas por Cuevillas argumentando que no hay indicio alguno de esos vínculos, que, sin embargo, han servido de munición para quienes defienden que, cuanto menos, los servicios secretos españoles no fueron diligentes al impedir los atentados.