Con el anuncio de las negociaciones para su posible fusión, CaixaBank y Bankia son las primeras en recoger el guante lanzado con insistencia en los últimos años por supervisores, bancos centrales y expertos, que apuestan por la consolidación como la mejor herramienta para elevar la rentabilidad de las entidades, que ya era un serio problema antes del coronavirus.
El ambiente se caldeó esta semana al coincidir varios banqueros en una jornada financiera sobre el futuro y los retos del COVID, en la que casi todos abogaron por las fusiones con mayor o menor entusiasmo, entre ellos el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de la AEB, José María Roldán.
La fusión también es vista con buenos ojos por la mayoría del Gobierno, que incluso la habría alentado, aunque no es el caso de Unidas Podemos, que la considera «preocupante» e insiste en que «el tejido productivo español requiere de una banca pública en la que Bankia puede ser el embrión».
Con las consecuencias de la última crisis aún frescas en la memoria y un rescate millonario aún no restituido en su totalidad, la banca española vuelve a atravesar una etapa muy difícil, marcada por los bajos tipos de interés, los menores ingresos, la digitalización y la languidez de una economía «rematada» ahora por el covid.
Por eso «no queda otra que reaccionar», según fuentes del sector, que recuerdan que si al final fructifica, el gigante que salga de esta unión será producto, a su vez, de diversos procesos de fusión y posterior conversión en bancos de una docena larga de antiguas cajas de ahorro, precisamente el sector que desapareció en la crisis anterior. Ironías del destino.
Y es que las cifras marean, desde los activos totales, que sumarían 664.027 millones de euros, (445.572 millones del banco catalán y 218.455 millones de Bankia), hasta los más de 51.000 empleados y las 6.700 oficinas.
Aunque todavía se desconoce cómo se repartiría el accionariado, está claro que CaixaBank, heredera de La Caixa, será el primer accionista, y que el Estado será el segundo, al controlar casi un 62 % del capital de Bankia, heredera a su vez de Caja Madrid, que quedaría en un 14 %, según los cálculos de los analistas consultados, lo que haría más fácil su venta.
Antes de conocer los detalles, los sindicatos ya exigen que la operación tenga el mínimo coste posible en términos de empleo y se salde con prejubilaciones y bajas incentivadas, en tanto que los consumidores protestan porque consideran que la excesiva concentración de entidades elevaría los precios y repercutiría también en la atención al cliente.
Se espera que la sede social del banco fusionado se mantenga en Valencia, aunque se trabaje con grandes equipos desde Barcelona y Madrid, desde donde gestionan la operativa ambas entidades.
Mientras llegan más noticias, tanto los propios implicados como sus principales competidores optan por la prudencia y prefieren callar, aunque fuentes del sector consultadas por Efe admiten que hace tiempo que se esperaba el comienzo de una nueva etapa de consolidación, como piden los supervisores y la «racionalidad financiera».
Y parece ser que pronto se sabrán los detalles, según las fuentes, que apuntan a que las negociaciones «no se eternizarán» y que el acuerdo para la integración podría cerrarse próximamente, «en días o semanas».