El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, ha presentado la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que fueron inhumadas en las criptas de la basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.
La solicitud se presentará en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), una vez que el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 30 de marzo, el real decreto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que regula la concesión de una subvención de 665.000 euros para la financiación de estos trabajos.
Según informa el Ejecutivo en una nota, el proyecto incluye las obras necesarias para el acceso y afianzamiento del paso al interior de los distintos niveles de las criptas.
La actuación contempla también la adopción de medidas de seguridad y salud; la retirada o desmontaje de cerramientos, instalaciones y enseres para los accesos a las criptas; la adecuación de instalaciones de iluminación, y la adopción de medidas que garanticen la seguridad estructural para la inspección interior de cada una de las criptas.
Estos trabajos comenzarán una vez que Patrimonio Nacional cuente con la autorización del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
Dos de las víctimas que serán exhumadas son los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás, procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, pero que en 1959 fueron reinhumados en el Valle de los Caídos.
Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial reconoció en 2016 a sus familiares el derecho a recuperar sus cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos para trasladarlos a su localidad natal, aunque los trámites se han demorado desde entonces.