El Gobierno y los agentes sociales han allanado el camino para cerrar un acuerdo sobre el primer paquete de la reforma de las pensiones, lo que podría producirse en la reunión que mantendrán el lunes, una vez incluida la derogación del factor de sostenibilidad y a falta de algunos «flecos».
Según han señalado a Efe fuentes del diálogo social, en los últimos días se habría desbloqueado el tema del factor de sostenibilidad, que mantenía encallado el acuerdo, con una postura que satisface a todas las partes, mientras que se ha seguido avanzando en otros temas aún pendientes.
Desde que hace casi dos meses el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciara que el acuerdo era «inminente», el pacto aún no había podido cerrarse porque la traslación a la legislación de lo consensuado en la mesa negociadora no incluía la derogación expresa del factor de sostenibilidad.
Fuentes de la negociación consideran que ese cambio fue fruto de «algún desacuerdo» en el seno del Gobierno, teniendo en cuenta que el factor no entraría en vigor hasta 2023 y que había tiempo para plantear su sustitución por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional comprometido con Bruselas.
Los sindicatos no han dado su brazo a torcer en este punto, porque para ellos era fundamental suprimir por completo la reforma de las pensiones que el PP acometió unilateralmente en 2013 y volver a la situación de 2011, la reforma previa que los socialistas hicieron con consenso social y político.
«Nos parece fundamental situarnos en 2011 y sentar las bases para un nuevo acuerdo que con toda seguridad será más complejo porque tendremos que abordar los aspectos de reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y en ese proceso no será tan fácil llegar a un acuerdo», ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Se refiere Álvarez a que este primer acuerdo contiene la vuelta a la revalorización de las pensiones con la inflación y la eliminación del factor que penaliza una mayor esperanza de vida -junto con otras medidas para alargar la edad efectiva de jubilación-, pero que todavía queda por delante la negociación de un segundo paquete sobre ingresos y gastos del sistema.
En el mismo curso, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recalcado que la reforma de 2013 estaba pensada para dar sostenibilidad por la vía del recorte, mientras que ahora habrá que hablar de medidas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social, ya que «va a tener que haber trasferencias porque las cotizaciones no serán suficientes».
Ambos han dado por hecho que el acuerdo se culminará la próxima semana, pero por prudencia no han querido darlo todavía por cerrado a la espera de que todas las partes den el visto bueno en la mesa del lunes.
Fuentes de la patronal han coincidido con los sindicatos en señalar a EFE que el acuerdo está prácticamente cerrado, mientras que el Ministerio de Inclusión no ha querido hacer comentarios sobre la negociación y únicamente ha señalado que «se están ultimando pequeños detalles».
Según ha avanzado este miércoles la Cadena SER, el texto normativo de la reforma contemplará finalmente la derogación de este factor en cuanto la nueva reforma entre en vigor, algo que está previsto para enero de 2022.
A la vez, se recogerá un compromiso firme de negociación entre el Ejecutivo y los agentes sociales para reemplazar ese factor por el mecanismo de equidad intergeneracional comprometido con Bruselas en el plan de recuperación.