La escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción amenaza la ejecución de los 3.420 millones de euros de fondos europeos que está a punto de recibir España para la rehabilitación energética de su envejecido parque de viviendas.
La patronal lleva meses alertando de la preocupación que existe en las empresas porque no hay trabajadores suficientes para la ingente cantidad de proyectos que se pueden financiar con la entrada masiva de fondos Next Generation y cifra en 700.000 el número de empleados que necesitan.
Aunque prevé que puedan regresar muchos de los trabajadores que se pasaron a la hostelería tras la crisis de 2008, al sector no le salen las cuentas, sobre todo en lo que se refiere a puestos cualificados.
Entre 2008 y 2020 el porcentaje de trabajadores menores de 34 años ha bajado en la construcción del 42% al 18% y en 2030 se jubilará el 30% de los profesionales especializados en sus oficios.
"¿Cómo vamos a incorporar 700.000 personas al sector cuando está pasando todo lo contrario y cómo vamos a construir todo lo que tenemos que construir con el personal cada vez más mayor y con menos formación?", clamaba hace unos días en un encuentro inmobiliario el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Mariano Sanz.
Mientras él confía en paliar el problema con la nueva ley de formación profesional que tramita el Congreso, cada vez más voces apuestan por un cambio del modelo productivo.
Grandes promotoras como Aedas Homes y constructoras como ACR empujan para impulsar la construcción industrializada, lo que reduce los costes y el tiempo de fabricación y acaba con los ruidos, suciedad y molestias de las obras tradicionales.
"Nosotros producimos en una fábrica de nuestros socios industriales el 40% o 50% del valor del edificio, es decir, cocina, baños, envolvente, estructura, instalaciones... y luego lo traemos a la obra, donde se termina de ensamblar", explica Alex Valls, director de producto de 011h.
Esta 'startup' de construcción ha logrado 'montar' en solo 22 días la mitad de un bloque de pisos industrializado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Otro ejemplo es la residencia de estudiantes que Prototipo Company, la filial de Urbania especializada en construcción industrializada, ha levantado en Málaga en nueve meses y medio, frente a los más de 16 meses que hubiera tardado con la construcción convencional, "y con un 20% o 30% menos de residuos de los que se generan en una obra tradicional", apunta su consejero delegado, Jeffrey Sújar.
Sin embargo, la industrialización de los procesos de construcción en España está todavía en los albores y para que cambie el modelo hace falta capital, empresas y tiempo, recuerda el CEO de Aedas Homes, David Martínez, para quien el actual sistema "artesanal, ineficiente, imprevisible y poco productivo está agotado y no es capaz de satisfacer una demanda más exigente que nunca".
La reciente feria de la edificación Rebuild 2021 ha puesto de manifiesto la ocasión que ofrecen los fondos Next Generation para modernizar e industrializar el sector y el propio secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, abogó en ella por aprovechar la "oportunidad histórica de cambiar el modelo productivo".
Entretanto, este martes el Consejo de Ministros aprobará los decretos con las normas para movilizar 5.520 millones de euros de los fondos europeos en ayudas a la rehabilitación residencial a gran escala y a la construcción de viviendas sociales.
De los 5.520 millones, 2.970 millones son para subvencionar actuaciones de rehabilitación energética e integral en 510.000 viviendas, 1.000 millones para la construcción de 20.000 pisos de alquiler social, 450 millones para deducciones fiscales y 1.100 millones en avales del ICO para las comunidades de propietarios.
Estas serán las encargadas de rehabilitar sus edificios, lo que también genera dudas en el sector sobre el éxito de la ejecución de los fondos, dada la complejidad de los trámites burocráticos y de los aspectos técnicos de los proyectos, unida al desembolso que supone para los propietarios y al consenso al que deberán llegar las comunidades de vecinos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha advertido de que habrá "cuellos de botella" en la gestión de las licencias.
Las normas que aprobará esta semana el Gobierno -el real decreto que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social y el real decreto ley para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria y la promoción de vivienda en alquiler- pretenden dar respuesta a esos temores.
Incluyen subvenciones de hasta el 80% de la inversión, cuando el ahorro energético supere el 60% del consumo de energía no renovable y reducciones fiscales que pueden llegar al 60% de la parte que no haya recibido ayuda.
Prevén también que, aunque los fondos estén orientados a la rehabilitación energética, haya un margen para resolver otros déficits que afectan al parque residencial.
El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comeron, ha recordado que el 75% del parque construido presenta dificultades de accesibilidad y que el 40% de los bloques de viviendas de cuatro o más plantas carece de ascensor.
Además ha estimado que hay alrededor de un millón de viviendas con deficiencias graves o muy graves de mantenimiento sobre las que, a su juicio, también habría que actuar.