Los presupuestos de 2022 incluyen 10 millones de euros para el programa piloto estatal pactado con Más País que promoverá la semana laboral de 4 días sin recorte salarial, después de que la Comunidad Valenciana haya sido pionera en este asunto y algunas empresas ya la apliquen total o parcialmente.
Un año después de que Más País condicionara su apoyo para los presupuestos de 2021 a la puesta en marcha de este programa piloto, el plan ya cuenta con dotación económica para implementarlo con cargo a las cuentas de 2022, si bien aún está verde la negociación entre el Ministerio de Industria y Más País.
El 18 de octubre hay una nueva reunión con Industria para tratar de avanzar en la definición de un programa que Más País esperaba que tuviera una consignación total de 50 millones en tres años, y que de momento se quedarán en 10 millones para 2022, según ha confirmado el responsable político de la formación en el Congreso, Héctor Tejero.
La idea que el partido ha trasladado a Industria es que sienten las bases para licitar el diseño y la evaluación del proyecto, de manera que se encargue una "entidad independiente" que podría provenir del mundo universitario en colaboración con el sector privado.
Tejero calcula que del programa podrían beneficiarse entre 170 y 200 empresas, dependiendo de su tamaño, con entre 6 y 250 empleados, que primero tendrían que alcanzar un acuerdo con los trabajadores para poder implantar la semana laboral de 32 horas.
Entre los requisitos estaría el mantenimiento del salario sin modificación de la modalidad horaria ni contractual, a cambio de lo que las empresas recibirían una "ayuda general a la innovación" de entre 2.000 y 3.000 euros por trabajador adherido al plan, que se podrían gastar en renovar equipos o en hacer nuevos contratos, entre otras cosas.
En principio el programa no tendría ninguna limitación sectorial y podría abrirse también al ámbito público, por ejemplo a residencias o entidades culturales, explica Tejero, que añade que antes del verano trasladaron su proyecto a Industria.
El responsable de Más País reconoce, no obstante, que las empresas que ya aplican la semana de 4 días son fundamentalmente pymes con personal muy cualificado y "una apuesta esencial por el talento".
Es el caso de la firma jienense de software Delsol, precursora de las 32 horas semanales sin reducción salarial para sus cerca de 200 empleados.
Otras empresas optan por modalidades parciales, como ha ocurrido esta semana en la compañía de moda Desigual, donde el personal de oficina ha optado en un referéndum por reducir la semana laboral de 39,5 a 34,5 horas a cambio de una rebaja salarial del 6,5% (equivalente a la mitad de tiempo recortado).
"Este no es nuestro proyecto", asegura Tejero, que apuesta por mantener el salario íntegro, aunque tampoco ve mal que las empresas apliquen otras opciones si suponen un aumento del salario por hora trabajada y los empleados lo aceptan.
Mientras el proyecto estatal aún está por definir, el Gobierno de la Comunidad Valenciana está ultimando el suyo para presentarlo públicamente antes de que acabe el año y lanzar la convocatoria a principios de 2022.
"En 2018 ya anunciamos la idea", explica Joan Sanchís, de Compromís, que trabaja como asesor de la Secretaría Autonómica de Empleo de la Generalitat.
La pandemia ha dilatado un proyecto que cuenta con un presupuesto global para tres años de 10 millones, pero con la intención de ampliarlo si tiene éxito.
A falta de cerrar detalles, el proyecto se diferencia del que quiere aplicar Más País a nivel nacional de que parte del ámbito de las políticas de empleo y no del de la innovación.
Por eso, la principal pata del plan consistirá en ayudas para cubrir el 100% de la diferencia en el coste salarial por hora trabajada que tiene la empresa participante durante el primer año, el 50% durante el segundo y el 33% durante el tercero.
Una segunda pata pasa por dar ayudas a las nuevas contrataciones, en tanto que una tercera se centraría en la ayuda a la formación.
Entre los requisitos a cumplir por las empresas que participen en el programa está contar con un acuerdo social con los trabajadores para implementarlo, un plan de modernización para mejorar la productividad y un compromiso de mantenimiento del empleo y del salario, sin necesidad de que la reducción de horas se tenga que aplicar al cien por cien de la plantilla.