El Congreso ha avalado este martes la idoneidad de los cuatro candidatos para renovar el Tribunal Constitucional (TC) con los votos de PSOE y PP, que han defendido su acuerdo, y Podemos, que prácticamente ha guardado silencio en el debate, del que se han ausentado la mayoría de grupos por verlo un «teatrillo» y un «paripé».
Con 242 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones, la Cámara Baja ha respaldado el perfil de los candidatos, lo que supone hacer lo mismo con el «pacto» entre socialistas y populares para renovar el TC.
Por eso, los grupos que han quedado fuera del acuerdo han manifestado su rechazo ante este «teatrillo» y «paripé», unos abandonando la sesión tras una intervención inicial, como ha sido el caso del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y otros como el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.
«No vamos a participar en esto. Es la culminación de un proceso en el que se falta al respeto a las instituciones», ha incidido Espinosa de los Monteros; mientras que Bal ha dicho que «aquí está todo el pescado vendido» y que, en alusión al catedrático Enrique Arnaldo, «usted es nombrado por ser amigo de alguien del PP».
Otros directamente no han hecho acto de presencia, como los socios parlamentarios del Gobierno de coalición, ERC y PNV, además de la CUP y Compromís.
Como era de esperar, PP y PSOE han celebrado el acuerdo alcanzado, pero si bien los populares han pedido no deslegitimar la elección, más llamativo ha sido la intervención del socialista Odón Elorza, que ha expresado sus dudas sobre la imparcialidad de Arnaldo, pese a que su partido ha aceptado su nombre en el acuerdo con los populares.
En cuanto a Podemos, no solo ha avalado los nombramientos sino que en el debate ha estado prácticamente desaparecido optando por guardar silencio cuando era el turno de preguntar a los candidatos propuestos por el PP, Arnaldo y la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, a quienes ha apoyado en la votación.
Con Espejel, el diputado de Unidas Podemos ha rechazado intervenir y con Arnaldo, solo ha valorado que haya sido observador internacional en el juicio de los jesuitas por la matanza de El Salvador sin hacer más consideraciones.
Y aunque los candidatos han evitado entrar al debate sobre el procedimiento de elección de los grupos -como así les ha recordado la presidenta de la cámara Meritxell Batet, sí que han querido dejar clara su imparcialidad, independencia, su ausencia de afinidad o vínculos con cualquier partido e, incluso, su presunción de inocencia como el caso de Arnaldo, por salir su nombre en Lezo.
«No tengo amigos en la política, nunca he recibido instrucción alguna de ningún partido, ni la aceptaría, no soy persona que reciba mandatos ni instrucciones, soy y me siento plenamente independiente sin equipajes ni peajes», ha subrayado Arnaldo, para quien «la imparcialidad no se percibe por una conferencia o una publicación"
Sin salirse de esta línea, Espejel ha defendido que «jamás» ha recibido presiones y que toda su vida ha «ejercido la jurisdicción con imparcialidad» precisando que ella no tiene afinidad política y que ha sido propuesta por el sistema legalmente establecido.
Y respecto al episodio del caso Gürtel, del que fue apartada por su afinidad al PP, ha negado que fuera por su aproximación política a este partido ni por su relación con María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, sino que fue «exclusivamente por haber sido nombrada vocal» del CGPJ, a propuesta del PP» no sin antes recordar que esa decisión no fue avalada por el hoy ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Menos polémicas han sido las intervenciones de los candidatos a propuesta del PSOE. El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez ha destacado el «espíritu colegiado» del Tribunal Constitucional, lo que supone en la práctica la «disolución de la subjetividad» de cada uno de sus miembros.
Mientras que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán ha manifestado su «compromiso y empeño con los valores constitucionales y con la función de ser garante del estado de derecho con imparcialidad e independencia».