La guerra abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso golpea por segundo día al PP. La presidenta madrileña ha reconocido que su hermano cobró 55.830 euros de una empresa contratada por su Gobierno, Casado ha denunciado un "montaje" contra Génova, y los barones toman posiciones. Este viernes se ha abierto, además, la vertiente judicial del caso, porque la oposición madrileña -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- ha llevado a la Fiscalía el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas en China que despertó sospechas de corrupción en la dirección nacional del PP. La izquierda habla de un presunto cohecho.
En la hecatombe que vive el PP, Casado ha buscado acreditar que él y su dirección hicieron lo correcto. En una entrevista con la Cope, ha defendido que los datos bancarios y fiscales que les hizo llegar alguien de la administración eran "suficientemente relevantes para que alguien piense que ha podido haber tráfico de influencias". Casado le ha puesto cifras y letras a sus recelos. 286.000 euros de una supuesta comisión y la pregunta de si Priviet Sportive, la empresa a la que la Comunidad de Madrid compró mascarillas, actuaría como "testaferro" de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. El líder del PP ve dos opciones: ilegalidad o falta de ejemplaridad. La pregunta, según Casado, es "si es entendible que el 1 de abril (de 2020), cuando morían en España setecientas personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas". Ha pedido saber en concepto de qué se produjo el cobro y ha explicado que la información aflora ahora, tras las denuncias de espionaje hechas por Ayuso. Él no lo denunció al no tener pruebas. Casado niega que la Moncloa le hiciese llegar un dosier -también el Gobierno lo niega- y ha calificado de "montaje" las denuncias de espionaje a través del Ayuntamiento de Madrid hechas desde Sol y que ayer llevaron a la dimisión de Ángel Carromero como director general del alcalde José Luis Martínez-Almeida. El líder del PP argumenta que lo que se dirime es la ejemplaridad del partido y no una pugna por el poder ni por el control del PP madrileño. Además, ha descartado por el momento la expulsión de Díaz Ayuso. El expediente abierto contra la presidenta es por ahora informativo, no sancionador.
Minutos después y desde la misma emisora ha respondido Ayuso. La presidenta madrileña ha reconocido en la Cope que su hermano había cobrado una comisión, pero ha defendido que no era ilegal y que ella no intervino en nada. Posteriormente, ha aclarado en un comunicado que no había comisión, sino un pago de "gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid". Su hermano facturó 55.580 euros. Sin embargo, Tomás Díaz Ayuso cobró cuatro facturas más de esta empresa en 2020, pero esos conceptos no se han detallado, con el argumento de que no son trabajos relacionados con la Comunidad de Madrid. Dos consejeros de Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, titular de Sanidad, y Javier Fernández Lasquetty, responsable de Hacienda, han comparecido en rueda de prensa para defender la legalidad del contrato, que pasó todos los trámites sin "tachas ni reparos de ninguna clase". La dirección nacional no ha respondido a las explicaciones dadas por Ayuso, y las posiciones se mantienen fijas. Génova defiende que pidió información a Ayuso sobre el contrato, y la respuesta fue una campaña de meses de desprestigio. La presidenta sostiene que la dirección nacional quiere destruirla, porque quería liderar el partido en Madrid.
Los barones del PP, a los que Casado telefoneó ayer, reclaman verdad y una resolución cuanto antes. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha pedido cintura para parar la "hemorragia". Se ha cometido un error y es Casado quien debe subsanarlo antes del congreso nacional, ha manifestado. "Espero que no necesitemos llegar a un congreso para solucionar un problema", ha afirmado Feijóo en Esradio. "Sería muy malo dejar este asunto abierto durante meses y resolverlo en un 'match ball' en el congreso", ha advertido. Después, tras un acto en Santiago de Compostela, ha asegurado que las explicaciones que Ayuso da sobre el contrato son "bastante lógicas" en un contexto en el que era "un lujo disponer de esas mascarillas". Considera, además, precipitado poner conductas en sospecha. Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de Castilla y León, no se han alineado con ninguna de las partes. Moreno Bonilla se ha limitado a pedir unidad, y Mañueco ha pedido a "todo el mundo" que el conflicto se aclare y "la verdad se abra paso". Además, a Casado se le ha pedido coser "sin intermediarios" una fractura de su partido sin precedentes, por lo que su número dos, Teodoro García Egea, vuelve a estar en el centro de la polémica. Solo el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha salido en defensa de quien es su amigo desde la juventud, al sostener que el secretario general busca lo mejor para el PP, aunque su labor sea "muy ingrata". En lo que hay unanimidad en el PP es en el daño que ha hecho esta guerra al partido y a los afiliados. Sus siglas están envueltas de nuevo en acusaciones de corrupción, fuego amigo y luchas de poder, que avivan los ataques de sus contrincantes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido aclarar cuanto antes cualquier acusación de corrupción y ha negado que entregase un dosier sobre Ayuso a Casado. Insinuaciones que, según Sánchez, "no tienen ni pies ni cabeza" y sí "un sentido malintencionado". "Que no nos usen como coartada de sus líos", ha pedido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve al PP "inhabilitado" para gobernar.
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