Desde este jueves 31 de marzo los empleados de las Administraciones Públicas ya no podrán ser objeto de un expediente de regulación de empleo (ERE), de acuerdo con la nueva legislación de la reforma laboral aprobada a finales de diciembre de 2021.
En un comunicado difundido hoy jueves, UGT Servicios Públicos celebra que esta medida ayudará a «combatir la precariedad y reducir la temporalidad» en el sector público.
UGT cifra en 2.500 el total de personal laboral de las administraciones que fueron despedidos por causas técnicas, organizativas y económicas en virtud de la reforma laboral del PP de 2012 que permitía ejecutar despidos colectivos en el ámbito público.