La discusión está servida. Las víctimas del pistolero de Tarragona, que en las últimas horas ha recibido la eutanasia solicitada, no lo verán sentado en un juicio, algo que no extingue del todo el procedimiento, que sigue su curso civil y administrativo con la consiguiente posibilidad de ser indemnizadas por lo sucedido, a pesar de que el autor de los disparos haya fallecido.
Los expertos jurídicos examinan con atención el caso de Eugen Sabau, el vigilante de seguridad conocido como el pistolero de Tarragona que tiroteó a tres compañeros y a un mosso d'Esquadra. En el suceso Sabau resultó herido y como consecuencia se le diagnosticó una lesión medular irreversible que le reportaba un dolor constante. Sin embargo, hay quien dice que con su muerte las víctimas no hallarán posible reparación a su sufrimiento.
De hecho, las defensas de las personas heridas por Sabau han pedido que se reformule la actual Ley de Eutanasia. En concreto, el abogado del agente herido, que ejerce la acusación en nombre del sindicato USPAC, cree que la norma no prevé casos como la muerte asistida en casos de personas acusadas de delitos graves y que todavía no han sido juzgadas. En opinión del letrado, se aprobó a toda prisa y, a resultas de esto, a partir de ahora a los presuntos autores de delitos graves se les permite decidir «cómo y cuándo acabar con el procedimiento penal», poniendo fin a su propia vida.
Sin embargo, algunos expertos en la ciencia jurídica acreditan otro posicionamiento, en la línea de lo decidido por los tribunales competentes: que el derecho a tutela judicial efectiva no puede prevalecer sobre el primer principio de toda norma jurídica como es la vida humana. En concreto, la expresión de su dignidad que reconoce la ley impulsada por el Gobierno de coalición, pudiendo uno mismo escoger cuándo terminar, y de forma desligada a su situación procesal.