El juez que instruye la presunta estafa de cuatro millones de euros al Gobierno de Canarias en la compra de una partida de mascarillas FFP3 al inicio de la pandemia de covid-19 ha citado como testigo al presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres (PSOE), según confirmado a Efe fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. Torres, cuya citación ha adelantado Canarias 7, prestará declaración el 2 de noviembre, en la forma que elija: por escrito o de manera presencial ante el juez instructor y los representantes de las acusaciones y defensas, tal como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal en razón de su cargo.
La Fiscalía Anticorrupción lo cita como miembro del Comité de Emergencia que gestionó por encargo del Gobierno de Canarias las principales decisiones tomadas durante el estado de alarma, como la compra de material sanitario cuando los mercados estaban cerrados o sometidos a una subasta diaria por la gran demanda existente.
Fuentes de ese departamento han explicado a Efe que esperan que el presidente Torres aporte al Juzgado información como testigo sobre cuestiones que considera que todavía no se han aclarado suficientemente, como cuál era el papel de cada miembro del comité y cómo se gestaron los contratos de emergencia de aquellas fechas, en general y en el caso particular de la presunta estafa. En este procedimiento están encausados el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez; la exdirectora de Recursos Económicos de este organismo, Ana María Pérez; y el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7 United, la sociedad a la que se encargó la compra en el extranjero de un millón de mascarillas FFP3, que se pagaron, pero nunca fueron entregadas a la sanidad pública.
La Fiscalía Anticorrupción imputa tanto a Domínguez como a Pérez un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, porque sospecha que eligieron a una firma sin experiencia en la importación de material sanitario (RR7 se dedica a la venta de coches) porque su dueño era conocido de un amigo del director de Servicio Canario de la Salud, una persona que también medió en la operación. Por su parte, Rayco Rubén González se enfrenta a cargos por un delito de estafa agravada y blanqueo de capitales.
La Fiscalía Anticorrupción observa irregularidades en dos momentos de esa operación: en el encargo inicial a RR7 en mayo de 2020, al que esta firma respondió tratando de importar una partida de un millón de mascarillas N-95 de la marca 3M que fueron intervenidas y destruidas en la aduana del aeropuerto de Gran Canaria, porque eran falsificaciones; y un año después, en junio de 2021, cuando el SCS dio a la empresa una segunda oportunidad, con el contrato inicial ya resuelto, si importaba 1,2 millones de mascarillas Honeywell a cuenta de los cuatro millones de euros que ya había recibido. Las mascarillas nunca llegaron y, a día de hoy, el Gobierno de Canarias aún no ha recuperado los cuatro millones de euros pagados por adelantado a RR7 al hacer el encargo inicial.
Hasta el momento, ya han declarado ante el juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria los tres imputados y cuatro testigos (tres funcionarias del Servicio Canario de la Salud y el intermediario Samuel Machín, el presunto amigo común que puso en contacto a Conrado Domínguez con Rayco Rubén González).
Domínguez ha defendido ante el juez que siempre cumplió con la legislación vigente para contrataciones en cada momento (la norma fue cambiando durante el estado de alarma) y que siguen trabajando para recuperar el dinero, mientras que Ana María Pérez ha dicho que cumplió con las instrucciones que le iban dando sus superiores y Rayco Rubén González se ha acogido a su derecho a guardar silencio. Dos de las funcionaras manifestaron al juez que ellas aconsejaron a la directora de Recursos Económicos que no pagara todo el importe del contrato por adelantado (se hicieron dos pagos de dos millones cada uno), porque apreciaban riesgo de sufrir una estafa y tenían dudas sobre la solvencia de la empresa encargada, RR7 United.