El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este jueves que va a trabajar en rediseñar la jubilación activa y la parcial, elementos que quedaron pendientes en el anterior bloque de reformas. Durante su intervención en unas jornadas de la APIE, Escrivá ha señalado a estos puntos, junto al tratamiento de las lagunas de cotización, en el marco de la negociación del último bloque de la reforma de las pensiones y que el Gobierno quiere «hacer en plazo», es decir antes de final de año.
La jubilación activa permite compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo por cuenta ajena o propia, mientras que la jubilación parcial es la que se produce más allá de los 60 años manteniendo un contrato de trabajo a tiempo parcial y habitualmente vinculada a un relevo. El ministro de Inclusión no ha entrado en detalles sobre estos cambios y solo ha apuntado que en España hay recorrido para mejorar estas modalidades.
Escrivá ha vuelto a defender la sostenibilidad del sistema de pensiones y ha señalado que el aumento de gasto previsto para 2050 - cuando se afronta el pico de jubilación de la denominada generación del «baby boom»- se abordará con distintas herramientas ya en marcha, como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) o los cambios ya en marcha para incentivar las jubilaciones demoradas. En este punto, ha explicado que en lo que va de año han aumentado un 7 % las altas de jubilaciones de mayores de 65 años y se han reducido un 12 % las de 61 años.
En cuanto al MEI, ha defendido su diseño «semiautomático», es decir revisable en una década, aunque se ha mostrado dispuesto a discutir y ceder si fuera necesario ante los técnicos de la Comisión Europea que reclaman que sea automático, es decir que se aplique ya hasta 2050. Asimismo, ha vuelto a insistir en que se va a cumplir la ley revalorizando las pensiones con el IPC y ha señalado que España es uno de los pocos países, junto a Grecia y Luxemburgo, que tiene la pensión máxima topada. Además, ha destacado que esta pensión máxima es la más baja de Europa, 39.446 euros anuales, y que los pensionistas sufren más los efectos de la inflación por el peso en su gasto de alimentos y energía. También ha explicado que ya están analizando los gastos impropios para presentar los resultados al Pacto de Toledo y los agentes sociales.