La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha asegurado este lunes que «no le daría mayor relevancia» a que el Gobierno decida retrasar de nuevo la aprobación de la Ley de Trata en el Consejo de Ministros. «Aunque nos gustaría que se hubiera aprobado ya», ha reconocido. El departamento que dirige Irene Montero tenía previsto que esta norma, que propone con el Ministerio de Justicia, fuera aprobada por el Ejecutivo en primera vuelta la semana pasada. Sin embargo, el Gobierno no dio finalmente el visto bueno al texto por la ausencia de la titular de Justicia, Pilar Llop, por Covid-19.
Tampoco la aprobará finalmente este martes, aunque la secretaria de Estado de Igualdad le ha quitado importancia a esta situación y ha señalado que se aprobará el próximo 29 de noviembre. «Entiendo que se están reorganizando los asuntos», ha declarado, antes de apuntar que se trata de una decisión del Ministerio de Presidencia que es quien organiza la agenda del Consejo. También ha negado que este retraso tenga que ver con las discrepancias hechas públicas entre los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, sobre el contenido de la norma y, en concreto, con los permisos de residencia y trabajo para las víctimas de trata. En este sentido, ha indicado que el Gobierno «es colegiado» y que «independientemente de que pueda haber debates y matices, no cabe duda de que si un texto llega al Consejo de Ministros, los criterios de todos los ministerios están depositados en esa norma que con mucho cuidado y rigor jurídico, y por supuesto a través de la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios y la propia Oficina de Calidad Normativa, se sintetizan».
«La ley de trata que va a llegar al Consejo de Ministros es la ley trata de todo el Gobierno», ha insistido la secretaria de Estado de Igualdad, para quien «lo más destacable» de la norma es que «por fin se va a aprobar una ley de trata» que lleva «años de retraso». Rodríguez ha denunciado «el margen de impunidad vergonzante» que existe en el país en esta materia, debido a que los delitos «no han sido sancionados como debieran» y a que «las víctimas no están protegidas como deben serlo». Y, en este sentido, ha señalado que, para Igualdad, lo «más importante» que contiene esta norma es la creación de un mecanismo nacional de derivación «que va a permitir que estas mujeres sean identificadas desde el primer minuto con acceso a un permiso de residencia y trabajo que le corresponda, dependiendo del momento procesal de la identificación, lo que va a permitir que se puedan recuperar».
Pero a pesar de las diferencias, Rodríguez considera que la norma es «un buen ejercicio de síntesis» realizado con las miradas «judicial, policial y feminista entre todos los ministerios». «Sin todas ellas no sería una buena ley», ha apuntado. Lo que sí se aprobará este martes en el Consejo de Ministros es la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Violencia de Género y que, según ha explicado la 'número dos' de Montero, supone un «mapa de construcción de las políticas públicas» para acabar «con todos los tipos» de violencia machista.