El Gobierno aprueba este martes la ley de familias tras meses de duras negociaciones entre socios que han recortado algunas de las medidas con mayor gasto social del proyecto inicial trasladado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, hace casi un año.
Sobre la mesa del Consejo de Ministros llega un anteproyecto que incluye un permiso remunerado de 5 días —no de 7 a 9 como reclamaba Belarra— para cuidado de familiares y convivientes, considera numerosas a las familias monoparentales de dos hijos y crea otro permiso de 8 semanas sin remunerar para padres y madres de hijos de hasta 8 años.
Se ha quedado fuera que las familias monoparentales puedan disfrutar de los dos permisos por nacimiento —paternidad y maternidad—, aunque ese aspecto sigue negociándose, según explican fuentes de Derechos Sociales, o se podría intentar incluir a lo largo de la tramitación parlamentaria.
El anteproyecto sí incorpora la ampliación de la ayuda de crianza en los presupuestos de 2023, pero todavía no es universal, como quería Belarra. Así, a partir del 1 de enero percibirán 100 euros al mes por hijo (125 euros en el caso de los hogares monoparentales) no solo las madres trabajadoras de hijos de entre 0 y 3 años, sino también aquellas que están en paro o que hayan estado en la Seguridad Social al menos 30 días.
De acuerdo con la ley, tendrán los mismos derechos que las familias numerosas las de un solo progenitor con dos hijos, las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad y las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos.
Casi un año de negociaciones y varios aplazamientos
Fue en diciembre de 2021 cuando el Ministerio de Derechos Sociales trasladó el texto elaborado por su departamento a los ministerios de Hacienda, Justicia, Igualdad e Inclusión para su negociación antes de su traslado al Consejo de Ministros.
Fuentes de ese ministerio reconocieron entonces las dificultades en el Ministerio de Hacienda para abrir una vía de interlocución y hasta hace un mes seguían responsabilizando a ese departamento de los retrasos en la aprobación de la ley.
El pasado mes de mayo, Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciaron un acuerdo para aprobar en septiembre la ley elaborada "en equipo" entre ambos departamentos y aventuraron la "difícil" negociación hasta conseguir una ley "lo más valiente posible" y que reconozca el mayor número de derechos posibles para "todas las familias".
Por el camino han ido cayendo algunas de las grandes propuestas y sobre todo más costosas, como la ampliación a 6 meses de los permisos por nacimiento y adopción, que actualmente son 16 semanas (4 meses) y que Belarra proponía incrementar en dos semanas adicionales cada año, comenzando en 2023 y completando ese objetivo de los seis meses en 2026.
También, la posibilidad de disfrutar el permiso por nacimiento por parte de familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad o convivientes que se comprometan con la crianza, en los casos de hogares con madres que crían solas a sus hijos.
En octubre, el acuerdo entre los socios del Gobierno para acordar los Presupuestos Generales del Estado recogió el compromiso de aprobar la ley de forma urgente antes de que acabara el mes, junto a un acuerdo de contenidos mínimos, como el nuevo permiso de ocho semanas para el cuidado de los menores hasta los 8 años.
También la ampliación de la renta crianza de 100 euros avanzando hacia la universalización y considerar familias numerosas a las monoparentales con dos hijos.
Podrán acogerse al permiso de 5 días, que recoge finalmente el texto que llega al Consejo de Ministros, los trabajadores que tengan que atender a convivientes o familiares de hasta segundo grado; en la actualidad se recogen dos días de permiso retribuido por fallecimiento o enfermedad grave.
Otro aspecto que también decayó por el camino fue la propuesta de Belarra de que las parejas de hecho puedan hacer la declaración de la renta de manera conjunta para avanzar hacia la equiparación jurídica de las parejas casadas y no casadas.
El objetivo principal de la ley, que fue incluida entre los compromisos con la UE en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda intacto: el reconocimiento jurídicamente a todas las formas de familia existentes en España para igualar sus derechos y mejorar la protección social.