La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a defender en el Congreso, su Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí', aunque sí ha reconocido que, recogiendo un «cambio profundo» en el Código Penal pueda suponer «dificultades y problemas en su aplicación». «Efectivamente, con un cambio tan profundo en el Código Penal puede necesitarse tiempo para asentarse y también puede generar dificultades y problemas en su aplicación», ha asegurado Montero en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja. Y, en este sentido, ha comparado las críticas que está teniendo la Ley de 'solo sí es sí' con la Ley de Medidas contra la Violencia de Género aprobada en 2004 por un Gobierno socialista.
Según ha indicado, cuando esta norma salió adelante «se presentaron casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad por los propios tribunales, 127 fueron admitidas a trámite, crecieron los sobreseimientos en los primeros 7 años de aplicación de la norma un 158% y se puso en cuestión una norma» que, según ha indicado, ahora «todo el mundo considera que es un triunfo de las mujeres y de la democracia del país».
La titular de Igualdad ha respondido así a la pregunta de la diputada del PP Carmen Navarro, que le ha exigido disculpas por acusar, la semana pasada, a su partido de fomentar «la cultura de violación» y le ha reprochado que «hoy, en España, violar sea más barato que ayer», que el Ministerio no leyera el informe del CGPJ advirtiendo de las rebajas de penas a violadores que podría suponer la ley y que no escucharan las mismas advertencias que les hicieron los 'populares'. Según ha apuntado Navarro, esto se debe a que, en el caso del CGPJ, era un informe escrito por «fachas con toga», y en el caso del PP, porque quienes advertían eras «fachas sin toga». «Y mientras en el PSOE callados y cómplices», ha declarado la diputada, quien ha criticado que, ahora, decidan hacer «toquecitos» al texto «para arreglar su error», a través de otra reforma del Código Penal. La 'popular' también ha denunciado en su intervención la labor de Montero en la Ley Trans, que ha calificado de «disparate» y que, según le ha advertido, será «un error más» en la labor legislativa del Ministerio.
Sin embargo, la ministra ha insistido en el la Ley del 'solo sí es sí' es «sólida» y que «protege a todas víctimas» de violencias sexuales. Según ha indicado, tanto en esta norma, como en la Ley Trans, su departamento ha cumplido «escrupulosamente» con la Ley de Gobierno y ha indicado que saldrán adelante porque, «pese al voto en contra» del PP, en el Congreso hay «más feministas que quieren que los derechos de las mujeres y de las personas trans se vean garantizados». A esa mayoría feminista en la Cámara ha recurrido también Montero para responder a la portavoz adjunta de Vox en la Cámara Baja, Inés Cañizares, que también le ha cuestionado este miércoles en la sesión de control.
En este caso, la diputada le ha preguntado si, tras los datos de rebaja de penas y excarcelaciones a violadores que ha dejado la Ley del 'solo sí es sí' tiene previsto «acabar la legislatura como ministra». Para Cañizares, en política «no sirven las intenciones», sino «los resultados» y, a su juicio, la «mayoría de españoles» están viviendo con «indignación y preocupación» la gestión que está llevando a cabo Montero. «Si le queda algo de dignidad, sí o sí, dimita», le ha reclamado. Para la responsable de Igualdad, Vox «no tiene un problema» con ella o con su Ministerio, sino con «el movimiento feminista». «Y por suerte, tanto dentro de esta Cámara como fuera somos más», ha señalado.
Para Montero, este movimiento «es lo mejor de este país» así como la principal fuerza democratizadora para «vivir en una sociedad mejor» y para que esta «amplíe oportunidades de felicidad» y «desarrolle sus proyectos de vida». Además, ha aprovechado para dirigirse a las mujeres en situación de violencia machista, a las que les ha recordado que «el Estado está a su lado», que «las cree« y que «pueden llamar al 016» en donde »recibirán atención psicológica, asesoramiento jurídico y el apoyo que necesiten por parte del Estado sin necesidad de poner denuncia».