La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, reiniciará su trámite de ponencia la próxima semana en el Congreso, donde una mayoría política acordó en 2017 una modificación que, después de años atascada, varios grupos ha intentado impulsar en el último año aunque sin lograr aún acuerdo en seis puntos sensibles.
El Congreso de los Diputados ha convocado para el próximo miércoles, 21 de diciembre, la que sería la tercera reunión de la ponencia encargada de reformar esta ley después de que en noviembre se pusiera punto y final al plazo de enmiendas -había habido 40 prórrogas desde noviembre de 2020-, y se convocara en enero iniciar el análisis en ponencia. Solo dos sesiones -enero y febrero- se han celebrado hasta la fecha.
En la última se constató que se había llegado a punto muerto tras no poder avanzar con acuerdo en más preceptos. De hecho, los grupos pactaron retoques hasta el artículo 32 y salvaron sin dificultad cambios planteados hace años como en los cacheos, el plazo máximo para identificaciones en comisaria o incluso la obligatoriedad de que los agentes informen sobre el uso de viodeocámaras para grabar a personas en manifestaciones. Ante el parón de los trabajos, en el mes de marzo los grupos «pro» reforma -PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCAT y PNV (este último es el impulsor y sobre su proposición se están haciendo los cambios) decido retomar las negociaciones e intentar llegar a acuerdos para trasladar a la ponencia.
Fuentes de este grupo de trabajo han explicado a EFE que en unas treinta reuniones se ha avanzado en otros cambios que afectarían a alrededor de otros 15 artículos, si bien han subrayado que hay seis apartados en lo que no hay acuerdo y que desde el inicio han supuesto un escollo incluso dentro de los partidos partidarios de una nueva ley de Seguridad Ciudadana. De esos seis aparatos hay especialmente tres o cuatro que han complicado el acercamiento de posturas. Se trata del uso del material antidisturbios en las manifestaciones, el régimen sancionador para que sea más flexible para los convocantes en caso de que haya incidentes con los que no están relacionados, las multas por falta de respeto a la autoridad y las devoluciones en caliente.
Las fuentes consultadas han apuntado a EFE que sobre estos asuntos ha habido en los últimos meses distintas propuestas y que ninguna ha sido acordada por todos los grupos que negocian la nueva ley, aunque las divergencias no son las mismas entre los grupos ni tampoco en los mismos puntos.
Pero para que el año no concluyera sin que el resto de grupos conociera los avances del grupo negociador, tanto PNV como Unidas Podemos propusieron en una ultima reunión de estros trabajos la posibilidad de convocar a la ponencia y poner así «negro sobre blanco» todos los puntos acordados hasta la fecha.
En ningún caso, aclaran a EFE las fuentes consultadas la reunión del próximo miércoles supondrá la última de sus sesiones, entre otras razones porque en ella se pretende «ordenar los trabajos» y constatar todas las propuestas de cambio que cuentan con mayoría para salir adelante. El diputado del PNV Mikel Legarda ha señalado en un comunicado que su formación ha perseguido siempre «buscar un equilibrio más garantista entre el binomio seguridad-derechos y libertades», y que en las negociaciones la prioridad ha sido «primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos».
En sentido, el PNV incide en que afronta el resto de la tramitación con la «máxima voluntad de acuerdo». Fuentes de Unidas Podemos se muestran «satisfechas» pro el trabajo realizado en el grupo de trabajo y destacan que han sido los únicos ne presentar propuestas alternativas para acercar posturas con otros grupos que continúan «aferrados» a sus enmiendas parciales desde hace más de un año.