El presidente saliente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, se ha despedido este lunes de su cargo con un discurso en el que ha reivindicado que «en España solo hay una soberanía», «la del pueblo español», al tiempo que ha criticado que se use la corte de garantías como «instrumento de refriega política». «Ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad. En España solo hay una soberanía, la soberanía nacional, la del pueblo español», ha dicho González-Trevijano durante la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del TC.
Esta soberanía, ha continuado, ya quedó «expresada solemnemente el 6 de diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución», siendo su «precisión más firme» la recogida en el artículo 2, «que consagra la indisoluble unidad de la nación, dentro del respeto a sus nacionalidades y regiones». Ante el pueblo español «no caben desfasadas soberanías regias, ni superadas reservas de jurisdicción, ni tampoco paralelas soberanías parlamentarias, sin perjuicio de reconocer la primacía política de las Cortes Generales», ha remachado. Por otro lado, ha recordado tanto a ciudadanos como «poderes públicos» que solo deben acudir al TC «tras agotar todas las vías de solución, no como instrumento de la refriega política o de indefinidas instancias judiciales».
A este respecto, ha enfatizado que «el TC no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe por tanto constituirse en una suerte de arena agonística en la que se diriman con habitualidad creciente conflictos de última instancia esencialmente políticos». González-Trevijano ha llamado a que no se difuminen los pesos y contrapesos que diseña la Constitución, ni a que se apresuren «reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucionalista», ni se desdibuje «la autonomía de unos órganos constitucionales frente a otros». Así, ha incidido en que se deben acatar tanto los preceptos sustantivos de la Constitución como sus normas procedimentales, «garantía ineludible del régimen constitucional», y ha apostillado que si bien se pueden compartir o no los fines políticos, estos «se han de encauzar siempre a través de los procedimientos constitucionalmente previstos».
De esta manera, ha insistido en que se debe conjugar «la voluntad política con la existencia de la razón jurídica», ha hecho un llamamiento a la colaboración entre las distintas instituciones y ha pedido que «no se conviertan los consensos y mayorías cualificadas en automáticos regímenes de cuotas». A juicio de González-Trevijano, «sin supremacía de la Constitución (...), sin sujeción real y cumplimiento responsable de los poderes públicos de la norma superior (...), no habrá democracia, no habrá libertad, y a la postre no habrá Constitución». Y ha enfatizado: «La historia nos enseña que si no se atendemos estas señales, los más sombríos pozos de la autocracia nos aguardan».
Asimismo, ha criticado que «en ocasiones se producen injustificadas recusaciones en cascada carentes de toda sustantividad con el burdo fin de obstaculizar su funcionamiento y atentar a su credibilidad, cuando no alterar fraudulentamente su composición». Al hilo, ha cargado contra «la falsaria dicotomía entre jueces 'conservadores' y 'progresistas', así como las reclamaciones de imposibles unanimidades, por lo demás inexistentes en los demás árbitros de la sociedad». «El magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y solo de ella depende», ha aseverado.
Al hilo, ha defendido la pluralidad de perspectivas jurídicas de los magistrados y ha apuntado que esa heterogeneidad «guarda estrecha correspondencia con el pluralismo político» de la sociedad. Además, «sin atribuir ni repartir responsabilidades», ha querido «resaltar la importancia del cumplimiento de los plazos y de los procedimientos para la renovación de un órgano constitucional». En este punto, ha apelado directamente a los «operadores políticos» para que cubran la plaza dejada por Alfredo Montoya, que debe cubrir el Senado.