La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes ante la jueza que diera indicaciones a los servicios municipales para que sancionaran al fondo de inversión Vauras con el fin de que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social o les paralizaran obras como forma de presión.
Colau ha declarado como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona por los delitos de coacciones y prevaricación a raíz de la querella que presentó contra ella el fondo de inversión Vauras, que mantiene que el ayuntamiento le presionó mediante sanciones y trabas administrativas para que destinara viviendas a alquiler social.
En una breve declaración, Colau, que se ha negado a responder a las preguntas de Vauras, ha aducido que poco después de acceder a la alcaldía delegó sus funciones sobre concesión de licencias en los servicios municipales, por lo que no tuvo intervención alguna en los procesos sancionadores ni en los expedientes de obras relacionados con el fondo de inversión. El juez de instrucción rechazó admitir esta querella en noviembre de 2020 al concluir que los hechos descritos por el fondo de inversión no eran constitutivos de infracción penal.