La vivienda sigue siendo uno de los principales temas de la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Este pasado martes un hombre se lanzó de un cuarto piso en València del que iba a ser desahuciado. Justo coincidiendo con los detalles del plan de vivienda del Gobierno central sobre suelo comprado al Ministerio de Defensa, un plan que pasa de largo de Baleares, País Vasco y Navarra, el Govern catalán ha pasado a la ofensiva.
En concreto, el Govern liderado por Pere Aragonès (ERC) ha aprobado este martes iniciar el proceso de expropiación de pisos vacíos propiedad de grandes tenedores. La medida que pone el foco en los llamados fondos buitre y en las entidades financieras con un extenso catálogo de inmuebles se llevará a cabo, según el ejecutivo autonómico, en 14 municipios catalanes y se destinarán al alquiler social.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Juli Fernández, ha informado este martes tras el Consell Executiu de este acuerdo para expropiar a grandes tenedores, una vía que «no se había usado nunca antes». Se trata de pisos vacíos durante al menos dos años, propiedad de grandes tenedores y que figuran en el Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante (RHBO) de la Generalitat, que asciende a 31.918 viviendas a día de hoy en el Principado.
Según han precisado a los periodistas el secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, Francesc Sutrias, y la secretaria de Vivienda, Marina Berasategui, en total se han identificado 189 viviendas vacías en los 14 municipios que cumplían con los requisitos. De estas, el Govern prevé poder comprar entre 50 y 70, según el precio de expropiación, con una «hucha inicial» de 5 millones de euros.
Los municipios donde el Govern prevé iniciar esta política de expropiación son Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú. El Govern contactó con 45 ayuntamientos de toda Cataluña en los que existe una «demanda fuerte y acreditada» de vivienda y hay familias en lista de espera de la Mesa de emergencia para conseguir un piso. Sutrias y Berasategui han indicado que de los 45 ayuntamientos contactados, solo 14 han contestado a la propuesta de la Generalitat para conocer el número de viviendas vacías en estos municipios.
La Agencia de la Vivienda de Cataluña ha destinado a estos consistorios unos 600.000 euros para que hagan las inspecciones correspondientes y confirmar que las viviendas que figuran en el Registro están, efectivamente, vacías. En los próximos días se enviarán los primeros requerimientos para que los propietarios de las viviendas acrediten legalmente la residencia de personas en las mismas y, si no lo hacen en el plazo de un mes, se declarará el incumplimiento de la función social del piso y se iniciará el procedimiento de expropiación. El conseller ha asegurado que el objetivo último es adquirir e incrementar el parque público de alquiler social de viviendas de Cataluña.
En unos seis o siete meses, según las previsiones del Govern, los pisos expropiados ya podrían pasar a manos del Institut Català del Sòl (INCASOL) y ponerse a disposición de las personas vulnerables que los necesitan incluidas en las Mesas de emergencia. Según datos facilitados este martes, unas 1.800 familias figuran en las Mesas de emergencia de Cataluña para tener una vivienda de urgencia. Este dato supone unas 200 más que las registradas en 2021, probablemente debido al incremento de la inflación y de los precios de los alimentos.