La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha celebrado la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de las ayudas a las víctimas de la talidomida, un fármaco que hace varias décadas causó malformaciones en el embarazo. «El camino no acaba hoy, pero por fin comenzamos a hacer justicia», ha reseñado.
«Por fin después de mucho tiempo empezamos a solucionar una de las mayores vergüenzas de nuestro país: el absoluto abandono a las personas víctimas de la talidomida», ha señalado Belarra en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, donde ha pedido perdón las víctimas y a sus familias por «el retraso con el que el Estado ha atendido esta demanda».
La talidomida fue un fármaco que se comercializó en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los fetos. La principal malformación fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. «La dictadura franquista ocultó los devastadores efectos de esta sustancia y solo la lucha de los afectados y sus familias ha logrado que años después empecemos a reconocer los daños ocasionados a estas personas», ha asegurado Belarra.
La ministra ha apuntado que «en otros países como Reino Unido, Canadá y Alemania las ayudas comenzaron a concederse rápidamente, pero en España las víctimas han tenido que esperar décadas», una «injusticia histórica» que, en sus palabras, el Gobierno lamenta profundamente. De estas ayudas, cuyo importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento, podrán beneficiarse 130 víctimas, según el censo realizado por el Instituto Carlos III de Madrid.
Así, por ejemplo, según los datos de Derechos Sociales, para una persona con un 33 % de discapacidad la ayuda ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto fijado en el protocolo y tal y como fue establecido en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. «Soy consciente de que queda mucho por hacer», ha reconocido Belarra, en cuya opinión todavía es necesario «saldar la deuda» con las víctimas.
@Caín, joé, que mente más retorcida!