El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cree que el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue infectado con el software espía Pegasus cinco veces entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, si bien la falta de colaboración de Israel ha impedido saber quién estuvo detrás y ha obligado a archivar el caso.
Así lo explica el magistrado en el auto donde acuerda el archivo provisional de la investigación que abrió el año pasado por el espionaje del móvil del presidente y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el intento de infección del dispositivo del titular de Agricultura, Luis Planas.
La investigación ha recabado indicios de que el móvil de Pedro Sánchez fue infectado por Pegasus cinco veces: el 13 de octubre de 2020, el 19 y 31 de mayo de 2021, el 12 de junio y el 27 de diciembre de ese mismo año. Los análisis efectuados, explica el juez, han detectado dos procesos «dañinos» que dieron lugar a «exfiltración de información del dispositivo»: uno el 19 de mayo, en el que la cantidad de información «exfiltrada» fue de, al menos, 2,57 «gigabytes»; y otro el 31 de ese mes, que fue de 130 «megabytes».
En el caso de Margarita Robles, su móvil «presenta indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021» y los investigadores calculan que la cantidad de información exfiltrada podría ser de 9 «megabytes» entre el 18 y el 23 de junio, aunque no descartan que pueda ser mayor. Dos veces se sospecha que habría sido infectado el del titular de Interior: el 2 y el 7 de junio de 2021 con 400 «megabytes» de información exfiltrada y entre el 7 y el 23 de junio, cuando ésta asciende, «al menos», a 6,3 «gigabytes».
El móvil de Luis Planas sufrió, por su parte, un intento de infección el 25 de junio de 2021, si bien la escasa cantidad de información enviada sugiere que no fue exitoso por la existencia en el teléfono de una aplicación «vacuna».
En cualquier caso, el análisis efectuado por el Centro Nacional Criptológico, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no ha permitido determinar quién estuvo detrás de estos supuestos espionajes. Sí se sabe, según el auto, que para algunas de esas infecciones se utilizaba una cuenta de correo electrónico, de modo que el juez solicitó al CNI que averiguase quién era el usuario de la misma o quién estaba tras una serie de dominios que podían tener relación con el caso.
En marzo de este año, el CNI informó de que no se había podido determinar quién era el usuario ni quién registró los dominios. Según explica el magistrado, el software espía Pegasus «permitiría en algunos casos infectar el dispositivo sin que su usuario realice ninguna acción previa ni sea consciente del compromiso posterior».
Tiene capacidad de acceder a prácticamente cualquier información almacenada en el dispositivo o de realizar acciones como activar el micrófono, grabar llamadas, acceder al posicionamiento GPS o capturar las páginas web visionadas, entre muchas otras. La investigación, abierta tras una denuncia de la Abogacía del Estado, ha acabado por el momento en archivo ante la falta de respuesta de Israel a las solicitudes de información y colaboración efectuadas por el juez, que ya sólo ve la opción de «una eventual vía diplomática» por parte del Gobierno «que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones» del Estado israelí.