El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este viernes que solo apoyará aquellos cambios en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) «en línea» con los intereses de los agricultores españoles. Después de reunirse con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA tras las protestas convocadas en España y otros países de la UE, Planas ha ligado ese clima de descontento a la actitud de la Comisión Europea y la UE, «que no han sido capaces de hacer con el mundo rural lo que se ha hecho en España desde 2018».
Sobre la propuesta comunitaria de eliminar la obligación de dejar en barbecho parte de las tierras en 2024, el ministro español ha añadido que solo apoyará una propuesta de reforma que vaya «en línea» con los intereses de los agricultores españoles. El ministro de Agricultura ha considerado que Bruselas «llega muy tarde» y ha hecho una propuesta «muy ajustada a las necesidades» del país que lo ha pedido, en alusión a Francia, cuando hacía unos meses parecía «legalmente imposible» para la Comisión.
Planas ha reconocido que ese cambio en la PAC habrá que negociarlo entre los 27 países miembros de la UE y con el Parlamento Europeo en un procedimiento exprés, ya que el último pleno de este último será en abril. El titular de Agricultura ha reconocido que la «sucesiva acumulación» de las normas de la PAC y de otras normativas debe pasar a una mayor «simplificación», por lo que se ha comprometido a trabajar con los agricultores para identificar formas de reducir esa carga administrativa, «teniendo en cuenta que los fondos públicos tienen que estar justificados y cumplir los objetivos planteados».
En ese sentido, ha apuntado que en una próxima reunión analizarán los ajustes técnicos necesarios para la aplicación del plan estratégico de la PAC en España. Tras la reunión con las organizaciones agrarias, Planas ha asegurado que muchos de los temas que se discuten en Europa y Francia ya están «resueltos» en España, y ha puesto de ejemplo la reforma de la ley de la cadena alimentaria de 2019, cuya aplicación quiere seguir reforzando el Ejecutivo. Sobre los ecoesquemas, las ayudas vinculadas a las prácticas sostenibles a las que se han acogido tres de cada cuatro productores en la presente campaña de la PAC, Planas se ha mostrado «satisfecho, pero sensible» a la realidad del sector en las zonas más áridas.
«Tenemos que ver cómo se aplican (esas ayudas) porque no vamos a perder un solo euro» de la PAC, ha señalado. No obstante, el ministro ha admitido que «queda mucho por hacer en materia de transición agroecológica» logrando que las explotaciones sean rentables, sobre todo en un contexto de incremento de temperaturas y menos lluvias, lo cual representa un riesgo para la agricultura y la ganadería.
Medidas adoptadas y acuerdos comerciales
Planas se ha comprometido a seguir escuchando las necesidades y preocupaciones del sector agrario y ha puesto de ejemplo las compensaciones por más de 1.380 millones de euros movilizados entre 2022 y 2023, de los que 1.040 millones ya han sido abonados y el resto se pagará en las próximas semanas. Esas ayudas directas, destinadas a 422.500 agricultores y ganaderos en crisis, forman parte de un paquete de 4.000 millones de euros para financiar un conjunto de medidas de apoyo.
En relación con los acuerdos comerciales de la UE con otros países, el Gobierno también ha mostrado su intención de hacer un «seguimiento estricto» de los contingentes de importaciones de países terceros con arancel cero para que se cumplan las cantidades pactadas, según Planas, que ha recordado que la balanza comercial agroalimentaria ha pasado a ser positiva en los últimos años.
El ministro ha detallado que España apoya las «cláusulas espejo» para que las importaciones cumplan los mismos requisitos que se exigen a los productores europeos, sin que haya todavía una mayoría en el Consejo Europeo que permita lograr cambios, compatibles siempre con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ha insistido en su intención de elaborar una ley de agricultura familiar en 2024, ha considerado que en sanidad animal «no se pueden echar atrás» los esfuerzos realizados en España y ha defendido el incremento del apoyo público a los seguros agrarios en un 34 % desde 2018 en comparación con los cinco años anteriores.