Sólo cien días se cumplen este lunes desde que Pedro Sánchez fue investido de nuevo como presidente del Gobierno, pero la sensación es que ha pasado mucho más tiempo por la sucesión de acontecimientos que, en los albores de la legislatura, le han obligado ya a salir al paso más de una vez para asegurar que su mandato tiene futuro. Su mirada y sus intenciones apuntan a 2027, con tres años y medio para superar los problemas que, después de haber conservado la llave de la Moncloa en las elecciones del 23 de julio, certifican que tiene por delante una carrera de obstáculos. La primera piedra con la que se tropezó en ese camino es Junts.
Después de que las negociaciones para la investidura con la formación del expresident Carles Puigdemont corrieran el riesgo de naufragar y se lograra un acuerdo gracias al compromiso sobre una ley de amnistía, en la hoja de ruta del nuevo Gobierno no estaba que este partido empezara a dar quebraderos de cabeza tan pronto. Sánchez logró la confianza del Congreso el 16 de noviembre, y menos de dos meses después, el 10 de enero, consiguió convencer a Junts con un acuerdo «in extremis» y con suspense incluido hasta el mismo momento de la votación, para sacar adelante dos decretos, uno que prorrogaba las medidas anticrisis y otro imprescindible para permitir la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos.
La incógnita de la amnistía
Fue la primera prueba de estabilidad superada pese a que por el camino se quedó otro decreto, el amadrinado por la vicepresidenta Yolanda Díaz para reformar el subsidio de desempleo y que no pudo prosperar porque los diputados de Podemos, ubicados ya en el Grupo Mixto, quisieron evidenciar que también tienen que contar con ellos porque pueden ser decisivos. Veinte días después, el 30 de enero, Junts protagonizó otro contratiempo para el Gobierno que tampoco estaba en su guion. Sí se había pactado con el partido independentista presentar una ley de amnistía, no se esperaba que fuera esa formación la que impidiera su aprobación por el pleno del Congreso y tuviera que ser devuelta a la comisión de Justicia. Ahí sigue el texto esperando mientras corre el tiempo sin que haya señales de cesión por alguna de las partes pero con el convencimiento expresado una y otra vez por Sánchez de que habrá ley de amnistía y saldrá del Parlamento tal y como afirma que entró, siendo plenamente constitucional.
Pese a que no desea situarse en ese escenario, el presidente ha dejado caer el mensaje de que aunque no hubiera ley de amnistía, habrá legislatura. Y si no hubiera nuevos presupuestos, también. Es lo que repite una y otra vez en estos cien vertiginosos días de avatares políticos, que no hay riesgo de que esté pensando en convocar nuevas elecciones a partir del verano, que es cuando los plazos fijados en la Constitución lo permitirían, y que fiel a su «Manual de Resistencia» seguirá adelante. No han condicionado esa determinación los resultados de las elecciones gallegas pese al batacazo socialista y un Alberto Núñez Feijóo que se ve con argumentos para ahondar en su estrategia de oposición y pedir que Sánchez deje de estar en manos de nacionalistas e independentistas y llame a las urnas.
En respuesta a quienes esperaban que un cambio en la Xunta afectara a su liderazgo, el presidente del PP presumió en su último cara a cara parlamentario con el jefe del Ejecutivo que eso no sucedió y que él sigue en pie. Y Sánchez corrobora y apostilla ese discurso: Feijóo sigue en pie en la oposición, pero él sigue en pie, y así garantiza que lo seguirá estando, como presidente del Gobierno. Proseguirá en una tarea que, según ha resumido él mismo en las redes sociales con motivo de cumplirse los cien días desde su investidura, seguirá teniendo la misma meta que hasta ahora: «más empleo, más derechos, más convivencia». Acompaña a ello un vídeo en el que se recogen sus declaraciones de que para lograr ese triple objetivo va a «sudar la camiseta hasta la última gota» y decisiones en estos poco más de tres meses como la subida del salario mínimo, la aprobación del proyecto de ley de representación paritaria (el primero de la legislatura), la prórroga de las medidas anticrisis o ayudas a los agricultores en medio de sus protestas en calles y carreteras.
Frente a ese balance, la oposición redobla sus críticas a Sánchez y a sus ministros, con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como uno de sus principales destinatarios (con nueva reprobación aprobada en el Senado incluida) tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha y al que piden también que explique la gestión ante la nueva crisis de los cayucos. Ha encontrado igualmente el PP argumentos para sus ataques en el «caso Koldo», un asunto que sitúa en el alambre el escaño del exministro José Luis Ábalos y ante el que el presidente del Gobierno ha apelado a ser implacables contra la corrupción «venga de donde venga y caiga quien caiga».
Sigue su curso el nuevo intento para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, esta vez con la mediación de Bruselas, después de que, al mes de su investidura, Sánchez mantuviera la primera reunión de la legislatura con Feijóo y acordaran darse otra oportunidad para ese asunto pendiente desde hace más de cinco años. Persiste la incógnita sobre el desenlace, pero no sobre el de otro compromiso contraído en ese encuentro: en un tiempo récord vio la luz la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido referido a las personas con alguna discapacidad. Fue un mirlo blanco en la relación Gobierno-PP. Pero desde el Ejecutivo se apuesta por lograr más en una legislatura que, siguiendo la estela de Sánchez, se asegura que será larga. Con o sin amnistía, con o sin presupuestos este año, con buen o con mal resultado en las europeas, «pase lo que pase», afirman fuentes de Moncloa, Sánchez seguirá. Él afirma tener aún «todo el tiempo del mundo».