Vox ha registrado este miércoles en el Senado su propuesta de veto a la Ley de Amnistía, alegando que «incompatible» con la Constitución y que se trata de «una cínica y traidora moneda de cambio» de Pedro Sánchez «para permanecer en el poder». La enmienda a la totalidad registrada por los de Santiago Abascal se fundamenta en tres vertientes.
Justifican que la medida de gracia a los implicados en el 'procés', pactada por Sánchez para obtener el voto favorable de Junts a su investidura, constituye una «aberración jurídica, política y moral» que «incorpora al ordenamiento jurídico una norma flagrantemente incompatible con la Constitución». Asimismo, creen que «implica una radicalización en el proceso de destrucción de la unidad política» de España.
«Introduce un factor de profunda degradación ética en el sistema institucional», agregan, según han informado en un comunicado. El texto destaca la «especial trascendencia» de las opiniones de los letrados del Congreso y del Senado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que, a su juicio, resulta «más agredido directamente».
«El hecho de que los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y del Senado, cuyas funciones específicamente técnicas les colocan natural e invariablemente en una posición neutralidad con respecto a las fuerzas políticas, hayan considerado imprescindible pronunciarse con esa claridad sobre los defectos de constitucionalidad de una iniciativa tan controvertida, da buena idea del estado verdaderamente alarmante en que se encuentra el sistema constitucional», dicen.
Vox recuerda que la Constitución «excluye expresamente» los indultos generales, lo que, a su juicio, implica la exclusión de la amnistía y enumera una serie de artículos de la Carta Magna que son atacados por la Ley de Amnistía.
«Vulnera claramente el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14; lesiona además derechos fundamentales como el de libertad ideológica del artículo 16; atenta contra la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias firmes del artículo 118; y agrede el derecho fundamental de los representantes parlamentarios, reconocido en el artículo 23», explican. Además, mencionan el Tratado de la Unión Europea. Creen que la norma es «incompatible» con el principio de Estado de Derecho del artículo 2 del mismo y se aprecia «inmediatamente» al constatar «su finalidad discriminatoria a favor de determinados delincuentes en función del interés político de los promotores de la norma».