La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) ha asumido finalmente la investigación judicial de las denuncias sobre la compra de equipos médicos, incluidas mascarillas protectoras, durante la pandemia de covid, informó este jueves ese organismo. La EPPO recordó que el pasado 4 de marzo, la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid comenzó las pesquisas «sobre un posible fraude que afecta a los contratos públicos adjudicados por las autoridades sanitarias de las Islas Baleares y Canarias a un empresa única para la compra de equipos médicos, incluidas mascarillas protectoras, durante la pandemia de Covid-19», dijo en un comunicado.
Dado que un juzgado de instrucción de España estaba investigando a la misma empresa por contratos adjudicados por otras autoridades sanitarias y que uno de esos contratos estaba cofinanciado por la UE, la Fiscalía Europea solicitó en su momento información adicional para determinar si el caso entraba dentro de su competencia, indicó. «Tras recibir esta información y examinarla detalladamente, la Fiscalía Europea ha tomado la decisión de hacerse cargo de esta investigación judicial, con el fin de investigar todos los contratos adjudicados por las distintas autoridades públicas a la misma empresa en un breve período de tiempo», añade el comunicado.
La Fiscalía precisó que esta actualización excepcional se produce «después del altísimo interés público suscitado por esta investigación». Precisó que «no se harán públicos más detalles en esta etapa». El presunto caso de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas conocido como 'caso Koldo' afecta a partidas de dos fondos europeos que movilizaron en total 17,8 millones de euros, según han trasladado las autoridades españolas a la Comisión Europea.
El pasado marzo, un portavoz confirmó a EFE que se trata, en concreto, de 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de otros 3,1 millones que forman parte del Fondo europeo de Solidaridad. Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.