El abogado del expresident catalán Carles Puigdemont ha presentado una denuncia ante el CGPJ contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo LLarena por «la desatención y el retraso injustificado y reiterado» en la tramitación y resolución de los recursos, ante su decisión de no aplicarle la amnistía. El pasado 1 de julio Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención, una decisión que fue recurrida por las defensas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía una semana más tarde.
En el escrito, el letrado Gonzalo Boye considera que el juez «ha incurrido en una infracción disciplinaria» por haberse «excedido con creces» e «incumplido reiteradamente» el plazo legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la resolución de los recursos de reforma, que tiene que resolver el propio juez, a quien reprocha su «pasividad intencional».
Según el abogado de Puigdemont, teniendo en cuenta las fechas en que se interpusieron los recursos de reforma «debieron haberse resuelto hace más de un mes», durante la primera mitad del mes de julio, algo que no ha ocurrido «sin que parezca existir razón alguna que lo justifique». Además, considera que «las circunstancias resultan especialmente graves» porque la ley de amnistía debe ser objeto de tramitación preferente y urgente, lo que afecta a los recursos presentados, más aun cuando las resoluciones del juez incluyen restricciones a la libertad de circulación de Puigdemont y del resto de procesados.
Por ello, acusa al juez de «dilatar el acceso» de sus defendidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene que resolver los recursos de apelación, y al Tribunal Constitucional, a donde piensa acudir en amparo. Sostiene además que «la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales» es considerada una falta grave. Y añade que Llarena solicitó dejar sin efecto su licencia de vacaciones con «el anhelo notorio de supervisar la captura» de Puigdemont, lo que, «además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación», indica que «no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal» los recursos.
A Puigdemont lo quiso Llarena condenar por Rebelión y al no haber pruebas lo cambió por sedición, que no encaja en el Código Penal y solo lo podían condenar por desobediencia, pero los lawfare que muchos defienden como ese 😇👇=👹 quieren condenarle por malversación agravada, pese a que el gobierno devolviera con UP la malversación como estuvo siempre, quitando la modificación que impuso el PP, donde los que pillaban pasta para ellos de dinero público, era igual que los que la utilizaban para otra cosa sin llevarse un euro ni beneficiar a amigos o familiares ¡A la semana los del Procés lo devolvieron! que es prevaricar no malversar. Se inventó el juez lawfare G. Castellón algo que no sucedió, queriendo juzgarle por terrorismo, donde solo hubo "teóricamente porque no tenían parte médico" dos policias lesionados y porque un francés con una enfermedad grave de corazón falleciera a 500 mts (que pongan a uno a esa distancia y a ver si le ven) y fue obligado a que lo archivara. Otro que tal, Aguirre, el de los audios, se inventó el caso Volhov, es decir que Puigdemont quedó con Rusia para que le apoyara (nada dijo que también lo hizo con EEUU RU y muchos de la UE) y que también lo cerró la audiencia pero abrió una paralela diciendo que había pactado que vendrían 10.000 soldados rusos a Cat. ¿Quién se traga eso? y que ahora quieren jubilar ya a ese pseudo juez. Eso es lo que tiene Puigdemont con la Justicia, sobre todo con Llarena que solo quiere retrasar todo para que no sea amnistiado. No tendrá recorrido porque entre esos se apoyan. ¿Porqué Llarena solo puso una orden de captura en España y no en toda la UE? y culpa a otros.