El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, ha acordado mediante un auto levantar el secreto de sumario que pesaba hasta el momento sobre el caso Ibatur, tras más de año y medio de investigaciones en torno a una compleja trama de presunta corrupción por la que se habrían desviado millones de euros durante la pasada legislatura a través del Instituto Balear de Turismo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
De este modo, las partes personadas podrán acceder a partir de ahora al sumario de este procedimiento y a las actuaciones practicadas en el marco de un caso por el que un total de 16 personas han sido arrestadas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ya ha ingresado en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.
Los tres encausados fueron detenidos a finales del pasado mes de junio en una primera fase de la denominada Operación Pasarela, junto a dos de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación, Juan Velasco y Alberto Vergés; el empresario de relaciones públicas Kamal Dorai; cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L.S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba; y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J.
Mientras tanto, fue semanas después cuando, en una segunda fase, fueron detenidos el propietario de la productora Spiral, Guillem Deyà; el publicista Bartolomé Morey, propietario de la empresa Comunicación Creativa; y el presidente del Grup Trui, Miquel Jaume.
Todo apunta, además, a que en septiembre tendrá lugar la tercera fase de la Operación Pasarela, en la que se vería implicado el gerente de Pula Golf, Romeo Sala, según fuentes del caso consultadas por Europa Press, como consecuencia de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas al patrocinio millonario del Mallorca Classic, el torneo de golf anual en s'Era de Pula (Son Servera), y que también se encuentra bajo investigación dentro de este caso.
Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern -que depositó una caución de 350.000 euros-, Velasco -100.000-, Bonet -250.000-, Deyà -100.000- y Miquel Jaume -15.000 euros-. Se da la circunstancia de que a Alía le fue impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones de Morey -que admitió haber pagado comisiones a Alabern y a Alía-, el magistrado decretó la privación de libertad sin fianza para el ex gerente.
Y es que, según las investigaciones del caso, Alía habría exigido comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento por los diversos contratos adjudicados desde su departamento. El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern a Moscú, y fue sustituido por Alabern.
En concreto, Lope Sola se hizo cargo de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que la operación se abrió el 29 de junio con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera así como en Costa Nord, donde se ubica la Fundació Balears Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura se encontraba Pau Collado -imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept-.
Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.
Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en pula golf-, que también fueron registradas.
Bajo sumario desde febrero de 2009
No obstante, el caso Ibatur ya se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.
Así las cosas, la Fiscalía abrió diligencias informativas a principios del pasado año para indagar presuntas irregularidades en la gestión del Ibatur, principalmente en relación a actos de promoción turística. Finalmente, el Ministerio Público decidió deducir querella contra los numerosos ex cargos del Ibatur y empresarios presuntamente implicados en los hechos investigados.