La abogacía de la Comunidad Autónoma solicita 21 años de prisión para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, sumándose de este modo a la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Scala. En esta misma línea, reclama 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB), Antònia Ordinas, principales acusados de esta causa.
Así consta en el escrito de calificación que ha presentado la acusación particular, ejercida por la abogada Mari Ángeles Berrocal, quien se ha adherido al que ya presentó este lunes el Ministerio Público, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Ambas acusaciones se dirigen contra un total de 18 personas que presuntamente participaron en una trama que habría servido para desviar unos siete millones de euros desde el CDEIB a empresas próximas durante la anterior legislatura del PP (2003-2007).
Al igual que la Fiscalía, la Comunidad Autónoma acusa a Cardona, Viaene y Ordinas de los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, fraude a la Administración y cohecho. Además, para todos los imputados reclama penas privativas de libertad, si bien no en todos los casos implicará su ingreso en prisión por ser menos de dos años los que la Fiscalía solicita para ellos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Ahora la jueza instructora del caso, Piedad Marín, debe dictar auto de apertura de juicio oral.
Cabe subrayar que las dos acusaciones achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.
De este modo, al igual que ya detallaban la Fiscalía y la acusación particular al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB a todas las ferias y eventos posibles así como contratar cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público, una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".
Es por ello que, postulan, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse. De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB, según apuntaba la Fiscalía.
En este contexto, las acusaciones apuntan al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.
RESTO DE IMPUTADOS CONTRA QUIENES SE DIRIGEN LAS ACUSACIONES
Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía Y la acusación particular solicitan penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export S.P.J. y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.
También figuran en los escritos el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.