La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma acogerá a partir hoy el primer juicio contra el exconseller de Turismo Francesc Buils, quien se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de cárcel por presuntamente gratificar con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, quien habría resultado favorecido con dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) para beneficiarle.
Se trata además de la primera vista oral que tendrá lugar en el marco del caso Voltor, cuya operación policial, que estalló a principios de 2010 con la detención de varios exaltos cargos de UM, provocó una crisis sin precedentes en el Ejecutivo autonómico, cuyo entonces presidente, Francesc Antich, decidió expulsar a todos los cargos ejecutivos de esta formación de las principales instituciones de las islas, rompiendo así el pacto de gobernabilidad firmado con los 'uemitas' en 2007, lo que le llevó a gobernar en minoría.
Una quincena de arrestos fue el resultado de esta operación, desatada a raíz de la presunta trama urdida en el Inestur para favorecer, mediante contratos directos y negociados sin publicidad, a empresarios afines a UM.
Y más de dos años después, será enjuiciada una parte de las pesquisas, con Buils, Arbona, el exgerente del Inestur Antoni Oliver y el del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (Imet) y exconcejal de Alaró Antoni Rebassa sentados en el banquillo. En concreto, la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión para los tres exaltos cargos y dos años y tres meses para Arbona, así como el pago conjunto de 14.999 euros correspondientes a la cantidad presuntamente malversada en favor del empresario.
En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público relata cómo Buils, defendido por los letrados Mateu Sedano y Matías Barón, decidió "de manera arbitraria beneficiar con fondos públicos a Arbona", con quien le unía una "antigua amistad" y ello para "agradecerle los servicios y colaboraciones prestadas en el seno de UM, partido en el que ambos militaban. Para ello, el exconseller "convenció y ordenó" a Oliver y Rebassa, defendido por Carlos Barceló, a que colaborasen en su iniciativa.
Fue así como, presuntamente, llevaron a cabo las gestiones necesarias para que se creasen expedientes de contratación en beneficio de Arbona, defendido por Jaime Campaner, por servicios que "eran innecesarios para la Administración y que no entrañaban ni trabajo para él ni utilidad alguna para la administración que los pagaba".
Trabajos inexistentes sobre senderismo
Y así, en octubre de 2007 Arbona presentó para su cobro una factura por 2.999 euros que fue íntegramente confeccionada por un empleado del Inestur que, según la Fiscalía, actuó por orden de su superior, Antoni Oliver. Ello supuestamente enmascarado en la realización de trabajos de asesoramiento en senderismo en la Serra de Tramuntana, a pesar de que nunca fue justificado el desarrollo de servicio alguno.
De forma similar, un año después se inició la tramitación de otro expediente por asesorar en el turismo activo en la zona, para lo cual el exprimer edil presentó un presupuesto por 12.000 euros más, sin que existiera justificación de la necesidad de ese trabajo, que finalmente no fue efectuado. El Ministerio Fiscal recuerda cómo en dependencias de la Policía Arbona aportó para justificar los trabajos un plano desplegable con fotografías que ya estaban en el archivo fotográfico del Inestur y que eran anteriores al año 2006.
Además de los cuatro acusados, también se encuentran imputados en el marco del caso Voltor el también exconseller de Turismo Miquel Nadal, el exdirector general de Planificación Turística, Joan Sastre, el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer, y el excontable de UM Álvaro Llompart, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores. También hay numerosos empresarios encausados, entre ellos Jacinto Farrús y dos propietarios de la empresa de informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer.