El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley sobre el suministro eléctrico en Balears, Canarias, Ceuta y Melilla en el que se promueve la entrada de nuevos operadores en estos territorios en el área de generación, donde en la actualidad la presencia de Endesa es dominante, así como la titularidad del bombeo hidráulico y de las regasificadoras por parte de Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, respectivamente.
En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó que la norma responde a la "singularidad" de estos sistemas extrapeninsulares "aislados" y que incluirá recortes en la retribución de los operadores en estas regiones.
Soria aseguró que el coste de generación en estos territorios "es mucho más elevado", ya que son sistemas "individualizados", por lo que el anteproyecto no solo velará por "reforzar" la seguridad de suministro, sino también por que haya "más competencia" y "una dismunición de los costes".
En la actualidad, el extracoste de estos sistemas ronda los 1.700 millones de euros anuales, que antes se cargaban a la tarifa eléctrica y que el Gobierno anterior comenzó a incluir progresivamente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En 2012 y en 2013, el Ejecutivo actual suspendió la asunción de este coste en las cuentas públicas, si bien Industria espera que los PGE de 2014 sí soporten este coste.
El nuevo anteproyecto, explicó Soria, aumenta el número de instalaciones eléctricas más eficientes, incrementa el número de operadores en el área de generación eléctrica y cambia la metodología de cálculo del coste de combustible usado en estos sistemas, actualmente solo fuel.
Junto a esto, la norma refuerza el control de las instalaciones eléctricas, aspira a mejorar la calidad y la eficiencia y traslada la gestión del bombeo y la regasificación a los gestores técnicos de la red eléctrica y del sistema gasista, REE y Enagás, respectivamente.
En la actualidad hay dos proyectos de construcción de regasificadoras en Canarias, uno en Tenerife y otro en Gran Canarias, en los que participa Enagás junto a otros socios.
Junto a esto, el Gobierno podrá imponer en la nueva norma sobre las extrapeninsulares las sanciones correspondientes cuando se produzcan infracciones muy graves que comprometan la seguridad de suministro.
Soria aseguró que las medidas de hoy se inscriben en "el compromiso del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) en el último debate sobre el estado de la nación", que incluye la presentación durante el primer semestre del año de una reforma energética.
Por otro lado, Industria explica en un comunicado que, de forma adicional a estas medidas, el nuevo proyecto de ley fija la obligación de que los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica en España estén sometidos a una evaluación de impacto ambiental.
Esta medida se adopta con el objeto de evaluar los impactos sobre el medio ambiente de estos proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica. Además, se incluirá la técnica de fracturación hidráulica en el ámbito objetivo de la Ley 34/1998.