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La LOMCE, más madera para el conflicto educativo y lingüístico

El Congreso aprueba la ley educativa que garantiza un mínimo de clases en castellano, en la línea del controvertido decreto TIL, y que ha motivado una convocatoria de huelga estatal para el día 24

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Desde que estallara en Balears el conflicto educativo, con un fondo claramente lingüístico, no han faltado voces que han definido la actitud de la Conselleria de Educación como una avanzadilla de lo que venía con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida popularmente como LOMCE o Ley Wert. Algunos apuntan que el Govern resiste para no crear precedentes con posibles movimientos de protesta que la comunidad educativa pueda generar a nivel estatal.

La LOMCE, concretamente el dictamen del proyecto de ley, fue aprobado ayer por el Congreso solo con los votos del PP, paso previo a su trámite por el Senado. El ministro José Ignacio Wert espera que las primeras medidas se puedan aplicar el próximo curso. La reacción en contra ya es firme y de hecho se ha convocado una huelga general de la comunidad educativa a nivel estatal para el jueves 24, que salvo desconvocatoria, coincidirá con la huelga indefinida de los docentes de Balears, ahora en suspensión temporal.El asunto de la lengua en las comunidades autónomas donde conviven dos oficiales es uno de los aspectos más controvertidos y, en la línea del famoso decreto TIL balear, garantiza que una parte importante de las clases se impartan en castellano. La Ley Wert ordena «que se garantice la impartición de asignaturas no lingüísticas integrando la lengua castellana y la lengua cooficial» siempre «sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras». Las proporciones dependerán de las comunidades autónomas.

La LOMCE contempla sistemas en los que la asignaturas no lingüísticas se impartan en un solo idioma pero, y aquí se inclina la balanza, «siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable». Se debe garantizar una educación sostenida con fondos públicos con el castellano como lengua vehicular. Si no existe, el Ministerio de Educación asumirá el coste de escolarizar al alumno que quieran esta opción en un centro privado que sí lo emplee. Se da la circunstancia que en Menorca no hay colegios privados.

Consejos escolares

En el conflicto educativo balear han sido importantes también las decisiones de los consejos escolares a la hora de aprobar los proyectos lingüísticos relativos al TIL, algo para lo que son competentes. Pues bien, la LOMCE deja a estos órganos de participación de la comunidad educativa como simples entes de carácter consultivo.

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