La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha citado a declarar como testigo, el próximo 30 de abril, al portavoz del equipo de gobierno del Ajuntament de Palma y presidente del Instituto Municipal de Informática (IMI), Julio Martínez, para interrogarle sobre el funcionamiento del correo utilizado por la Policía Local y sobre el cambio de protocolo que se llevó a cabo para su mayor seguridad a principios del mes de marzo.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que también esa jornada está emplazado a comparecer en los Juzgados de Vía Alemania el comisario Rafael Estarellas, también como testigo.
En concreto, la magistrada investiga el presunto amaño de unas oposiciones a oficial de la Policía mediante la filtración de las preguntas por correo electrónico. Se trata de una causa en la que se encuentran imputados, entre otros, el exdirector general de Seguretat Ciutadana del Ajuntament Enrique Calvo -quien presentó su dimisión tras ser encausado-, el exintendente de la Policía Local Antoni Vera y varios agentes que participaron en las pruebas.
Fue el pasado 12 de septiembre del pasado año cuando la Guardia Civil llevó a cabo un registro en las dependencias de la Policía Local, ubicadas en la Avenida San Fernando de Palma, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, quien se encontraba de guardia, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, el 18 de septiembre el alcalde de la capital balear, Mateu Isern, pidió disculpas y nombró a Guillem Mascaró como nuevo director general deSeguretat Ciutadana y a Nicolás Herrero como jefe de la Policía Local, tras la dimisión de Calvo y Vera de sus respectivos cargos.
Mientras tanto, la jueza abrió recientemente otras investigaciones centradas en el proceso de selección del tribunal que intervino en otras oposiciones, en este caso a agente de la Policía Local, por las que fue citada como imputada la teniente de alcalde de Función Pública, Irene San Gil. Su declaración fue finalmente suspendida después de que una funcionaria del Consistorio, quien también estaba citada como encausada, aportase la documentación que la magistrada había requerido sobre el proceso de selección del jurado.
Junto a San Gil estaban citados tres funcionarios, si bien finalmente no se llevaron a cabo los interrogatorios debido a la entrega de estos informes. Pese a que todos ellos continúan imputados en la causa, la magistrada dejó en suspenso las declaraciones mientras la Fiscalía Anticorrupción estudia la documentación aportada al Juzgado.
En concreto, se trata de unas investigaciones centradas en cómo se llevó a cabo la elección de los miembros del jurado que el 26 de marzo de 2012 intervinieron en el proceso de selección de 35 agentes de la Policía. Unas pesquisas que inició la jueza tras detectar que uno de los miembros inicialmente seleccionado titular de este tribunal es una de las personas que hay imputadas en la línea de investigación relativa al amaño de las oposiciones a oficial.