Especialistas de la Policía y un perito de la defensa del único imputado han vuelto a analizar este miercoles en la sala de los juzgados de Palma donde el pasado 8 de febrero declaró la infanta Cristina por el caso Nóos cómo pudo grabarse a escondidas un vídeo de la comparecencia que fue publicado en internet.
La recreación ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, que impulsa la investigación sobre la grabación y filtración de la declaración de la infanta, por la que está imputado el abogado Francisco José Carvajal.
Tras la presentación de un informe de la defensa del imputado que contradice el análisis de la Policía en el que se señala a Carvajal como el autor de la grabación, el juez decidió solicitar la intervención de especialistas policiales de Madrid.
Los policías que investigaron el caso en Palma ya reconstruyeron el escenario de la declaración el pasado 13 de febrero e interrogaron a las personas que estaban en la habitación durante la comparecencia.
A las 11.10 horas de hoy, tres policías han entrado en la sala de vistas F, la que acogió la declaración como imputada de doña Cristina, y con ayuda de técnicos de los juzgados han dispuesto todo de manera idéntica a como estaba entonces.
El propósito es tratar de determinar con exactitud desde qué punto se realizó la grabación de vídeo que se difundió a través de la web Wouzee y si fue Carvajal quien lo hizo o un funcionario del juzgado de Castro, como concluye el informe de la defensa del imputado.
El registro se realizó subrepticiamente a pesar de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, había prohibido acceder a la sala con cualquier dispositivo electrónico que pudiera recoger imágenes o sonido.
Por ello, el abogado de quien la Policía sospecha que llevó a cabo la grabación declaró como imputado el pasado 26 de febrero y quedó en libertad con cargos por los presuntos delitos de desobediencia y revelación de secretos.
Carvajal fue uno de los alrededor de 30 abogados que presenciaron la declaración de la infanta, a la que asistió en sustitución de otro abogado, Javier Saavedra, defensor de uno de los imputados en esta causa, el presunto testaferro Robert Cockx.
Saavedra solicitó al juez que autorizase la asistencia de dos «compañeros codefensores», Carvajal y María del Carmen Jiménez, porque el día de la declaración iba a estar fuera de España.